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Puigdemont pone firme a la CUP: “Los actos violentos pueden llevarnos a perder el referéndum”

Joan Garriga y Anna Gabriel, diputados de la CUP. (Foto: EFE)
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Los actos vandálicos protagonizados por el colectivo juvenil ‘Arran’, vinculado a la CUP, han terminado con la paciencia de la Generalitat y de su presidente Carles Puigdemont. El jefe del gobierno catalán considera que los actos violentos “pueden llevarnos a perder el referéndum” y, según fuentes de su equipo, han hecho llegar a la formación radical el mensaje de cesar estas acciones. “No quiere actos violentos el 1-0”, comentan sus más cercanos.

Desde Junts pel Sí entienden que estas acciones pueden jugar en contra de ellos y de cara a la celebración del referéndum ilegal el próximo 1 de octubre. Diputados de la formación explican que no quieren que Cataluña se convierta en Venezuela (la jornada de las polémicas elecciones terminó con al menos diez muertos) y han pedido a la formación radical que cese este tipo de acciones que atentan directamente contra la ciudad.

En los últimos días, miembros de Arran han asaltado un autobús turístico de Barcelona y han pinchado las ruedas de las bicicletas turísticas de alquiler que la alcaldesa Ada Colau pone a disposición de los ciudadanos.

“Nada que ver con el referéndum”

Los diputados de Junts pel Sí han sido los más activos en las redes y en entrevistas asegurando que estas acciones “nada tienen que ver” con el referéndum. El consejero de Presidencia, Jordi Turull, lo dejó claro pidiendo al colectivo que “se replantee este tipo de acciones, del todo condenables”, y añadió: “Si consideran que hay violencia, cosa que nosotros no compartimos, la violencia con más violencia no se arregla”.

El portavoz del Govern apostó por “poner política” para buscar soluciones, “sin renunciar a emprender acciones legales por los daños ocasionados”. Turull consideró “malintencionado” intentar “mezclar” estos ataques al turismo con el proceso soberanista.

La CUP, dividida por el apoyo

La CUP ha defendido a sus ‘cachorros’ asegurando que se trata de una”acción simbólica para denunciar un modelo turístico depredador en Barcelona”, por lo que no hay que “dramatizar”, dijo la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya.

El modelo económico imperante “es violencia pura y dura contra muchas personas que malviven”, según la ‘cupera’, pero el Ayuntamiento de Barcelona “ha renunciado a todo tipo de debate” mientras que el gobierno de la Generalitat “lo está avalando”, dijo. Boya pidió que cesen las recriminaciones a la CUP desde Cataluña por las acciones de Arran, ya que en plena fase decisiva del proceso soberanista existen “otros enemigos que son más duros y peligrosos”. 

Sin embargo, en la formación radical mantienen sus propias riñas internas y si Boya se intentó desmarcar de estas acciones, la CUP Capgirem Barcelona sacó pecho pidiendo al consistorio de Colau “políticas valientes”.

Esta facción de la CUP defendió a los miembros de la organización que asaltaron el autobús turístico, “ante los intentos de criminalización por parte de personas y partidos”. En un comunicado piden al ayuntamiento de Colau que desarrolle políticas “valientes” para lograr un “decrecimiento turístico” y y garantice los derechos de los vecinos de la ciudad.

La CUP Capgirem apuesta por “detener el capitalismo más feroz que en Barcelona tiene forma de explotación turística de la ciudad a coste cero por parte de los operadores turísticos, así como también combatir el ‘barricidio’ que se lleva a cabo”. En este sentido, muestran su “rechazo al hecho que el Ayuntamiento se persone en la acusación contra Arran, teniendo en cuenta que los autobuses, aunque están pagados con dinero público, pertenecen al Consorcio de Barcelona Turismo, a pesar de la saturación existente en los barrios”.

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