Un imputado en Púnica dirigió la obra del PSOE que permitió el pelotazo millonario en Alcorcón

Tomás Fernández Giménez, imputado en la Púnica como administrador de TTU por el pago de 3,1 millones al secretario de los consorcios urbanísticos que gestionaban la venta de suelo bajo el control de Arpegio, fue responsable del proyecto y la obra que permitió el pelotazo de 3,5 millones en Alcorcón en 2008, siendo concejal de Urbanismo Natalia de Andrés, hoy miembro del comité federal del PSOE.

En nombre de la sociedad Hispano Americana de Ingeniería, Fernández Giménez firmó un contrato de 197.600 euros con el Ayuntamiento para la ejecución de la «asistencia técnica para la contratación de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del parque de Fuente Cisneros».

Concluido desde hace años, este proyecto está a punto de suponer un pelotazo de 3,5 millones de euros para los propietarios del terreno, ya que el gobierno municipal de entonces, en manos del PSOE, acometió la urbanización (un parque público y un centro cultural) en un terrenos rústico, no edificable, sin la expropiación o permuta previa de los terrenos.

Los propietarios reclamaron y tienen ahora a su favor una sentencia que condena al Ayuntamiento a proceder a la expropiación por un justiprecio de 3,5 millones, pues el suelo fue urbanizado sin necesidad de ningún cambio de planificación, sin la publicidad y los controles exigidos por ley. Como rústico, esas parcelas le hubieran costado al Ayuntamiento socialista, nos 400.000 euros. Ahora, al estar urbanizados de facto, el gobierno municipal del PP se ve obligado a afrontar una expropiación millonaria.

Tomás Fernández Giménez está imputado en la Púnica como administrador de TTU por el pago de 3,1 millones al secretario de los consorcios urbanísticos que gestionaban la venta de suelo bajo el control de Arpegio

La inversión (solo el parque supuso un montante de 2.381.842 euros) no salió de las arcas municipales, sino de la Administración del Estado, a cargo del denominado Plan E que el entonces Gobierno de Rodríguez Zapatero puso en marcha para intentar revitalizar la economía y el empleo con obra pública.

Manuel Chaves, entonces vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, visitó las obras en 2010. En la imagen que acompaña esta información se le puede ver junto al entonces alcalde socialistas de Alcorcón, Enrique Cascallana, y a Tomás Fernández Giménez, el imputado de Púnica, que puntero en mano explica al vicepresidente los detalles del proyecto que lideraba su empresa.

Chaves destacó la «la validez de los fondos estatales de inversión, que cumplen su función de mejorar la calidad de vida de las ciudades». El alcalde de Alcorcón explicó que el nuevo centro cívico, junto a la construcción del parque aledaño de ocho hectáreas de extensión iban a «mejorar la calidad» del barrio de Fuente Cisneros. Fernández Giménez está hoy investigado en la trama de la Púnica por los pagos a José Luis Jaraba Pérez, secretario de los 22 consorcios bajo sospecha de adjudicaciones delictivas a través de Arpegio, empresa pública de la Comunidad de Madrid.