Moncloa vuelve locos a los independentistas atacándoles el bolsillo

La estrategia del Gobierno para hacer frente a los independentistas causa estragos en el Ejecutivo catalán. En apenas quince días, desde que el consejero Jordi Baiget reconociera en público las dudas para seguir adelante, preocupado por las consecuencias patrimoniales que le podían acarrear, a Carles Pugidemont se le ha venido abajo el gobierno. Otros tres consejeros han abandonado este viernes el barco que surca hacia el referéndum ilegal del 1 de octubre. Como ha reconocido el propio presidente catalán, han sido ellos (la portavoz Neus Munté, el consejero de Interior, Jordi Jané, y la de Enseñanza, Meritxell Ruiz) los que “han decidido dar un paso al lado” y bajarse de la nave.

Baiget expresó lo que otros independentistas callaban: “Podría aguantar tener que ir a prisión, pero no soportaría si van contra el patrimonio familiar”. O lo que es lo mismo, que la patria está muy bien, pero no lo suficiente como para poner en riesgo el patrimonio.

La responsabilidad contable de Mas

Los precedentes del 9-N están en la cabeza de todos. Artur Mas no solo acabó condenado e inhabilitado para el ejercicio de cargo público. El expresidente ahora se enfrenta, junto a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, al posible embargo de sus cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene previsto abrir en breve un expediente contra él para investigar su existió responsabilidad contable al emplear dinero público de forma irregular. Los cuatro tendrán que depositar una fianza por valor de 5,1 millones de euros, que es la cifra que, según la Fiscalía, se utilizó de forma improcedente para la convocatoria y celebración del 9-N. En el caso de que Mas, Rigau y Ortega no pudieran hacer frente a la cantidad, se procedería al embargo de sus bienes hasta cubrir la fianza.

Multas de 600.000 euros para los alcaldes

Otro eje de la ofensiva de Moncloa se centra en los alcaldes. El Gobierno remitió hace días una carta a los consistorios -dirigida a secretarios e interventores- en la que se les avisa de su “obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria” y de “preservar el adecuado destino de los fondos públicos”. En la misiva, el Ejecutivo avisa además de la intención de la Generalitat de «descargar en los ayuntamientos gran parte de su responsabilidad en la organización de dicho referéndum” y, con ello, de las consecuencias de incurrir en una ilegalidad.

Desde Moncloa se avisa de que los Ayuntamientos podrían incurrir en sustanciosas sanciones si colaboran con el referéndum ilegal. En concreto, multas de hasta 600.000 euros si ceden los datos del padrón para la elaboración del censo electoral, algo que incumple la Ley de Protección de Datos y de Régimen Local.

En ambas leyes se establece con claridad que la cesión de datos personales entre administraciones solo puede realizarse en el ámbito de sus competencias y sólo para asuntos “relevantes”. Entre las competencias de la Generalitat no figura la de organizar un referéndum –que, según la Constitución, pertenece al Estado- y, lógicamente, menos aun siendo de esta naturaleza. En casos diferentes a los mencionados, la cesión debe contar con la autorización del afectado.

Las urnas, prueba de fuego

Las advertencias del Ejecutivo no afectan únicamente a cargos de la Administración. El Gobierno avisa de que cualquiera -persona o empresa- que participe con los independentistas en la organización del referéndum ilegal tendrá que atenerse a las consecuencias incluso penales. Esto afecta, por ejemplo, a la compra de urnas. La Generalitat declaró desierto el concurso después de que solo se presentasen dos empresas y ninguna cumpliese con los “requisitos de solvencia económica” que se exigían en el concurso, en su versión.

Pero la realidad es que el proceso de licitación quedó interrumpido solo siete días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aceptase a trámite la querella de la Fiscalía contra la entonces consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y contra el ex secretario general del Departament y recién nombrado jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat, Francesc Esteve Balagué, por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos.

Los responsables del Govern que gestionen la compra de urnas se arriesgan así a una investigación judicial. Y serán, desde este mismo martes, Oriol Junqueras, además de vicepresidente, responsable de Economía, y también Raül Romeva. El trámite se realizará sin concurso.

La ley obliga a los funcionarios

Otro de los ‘tentáculos’ afecta a los funcionarios. En Moncloa son conscientes de que los empleados públicos son pieza esencial para llevar a término el referéndum, y también uno de los colectivos más sensibles.

El temor entre los trabajadores de la Administración está instalado desde hace semanas, y los sindicatos reciben cada día numerosas consultas sobre cómo actuar en caso de recibir presiones y órdenes ilegales del gobierno autonómico.

El Gobierno avisa que, en caso de incumplir la ley, ellos también serán responsables. Con las consecuencias correspondientes.

El hecho de que la Justicia les obligue a responder con su patrimonio personal por colaborar en ese referéndum genera mucha preocupación. Como también, que la Ley del Referéndum, anunciada por Puigdemont, prevea la creación de un espacio jurídico “supremo”, por encima de la legalidad española y que, consideran, les sitúa a ellos en un “limbo” de difícil encaje.

En cualquier caso, el Gobierno asegura que los empleados públicos están protegidos frente a cualquier directriz ilegal que venga de la Generalitat.