Puigdemont «va por libre» en sus planes independentistas y resquebraja al Govern

La actitud del presidente catalán Carles Puigdemont frente al reto independentista está provocando serias fracturas en el Gobierno autonómico. Diferentes cargos han expresado, en privado, su malestar por la opacidad con que Puigdemont sigue adelante con sus planes, cuestionados internamente, y por su escasa capacidad de diálogo y negociación, aun cuando esa «huida hacia delante» ponga en riesgo su propio patrimonio.

La obsesión del presidente catalán con la celebración del referéndum ilegal —del que públicamente han dudado ya varios consejeros— ha abierto varias vías de agua en el Govern, pero la preocupación sigue.

Cargos autonómicos han trasladado su inquietud por las previsibles presiones ante la colaboración en el referéndum ilegal del 1 de octubre y cuestionan los recientes anuncios del president, como la controvertida Ley del Referéndum de Autodeterminación, cuya ‘puesta en escena’, en un teatro, ha recibido también las ironías, sobre todo en el seno de la antigua Convergència. No se oculta en el partido que la imagen que se traslada es de poca seriedad y que eso hace aún más mella en la imagen internacional del procés. 

Entre tanto, continúa el goteo de dirigentes que expresan públicamente estas suspicacias. A Jordi Baiget, consejero de Empresa purgado recientemente por dudar del referéndum, se ha unido, este viernes, Mercè Conesa, presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat (Barcelona), quien, en una entrevista en un medio local, ha reconocido que el proceso independentista puede conducir a «un callejón sin salida». Añadió, además, que lo que Baiget expresó es algo que muchos han planteado internamente.

El Tribunal Constitucional ha advertido a todos los escalafones del Gobierno catalán que quien vulnere la Constitución y colabore con la celebración del referéndum se atiene a consecuencias disciplinarias y penales. Ello afecta no sólo a los miembros del Gobierno autonómico, sino a todos los altos cargos de la Generalitat, además de funcionarios.

Asimismo, las advertencias del Gobierno de Mariano Rajoy están haciendo mella en el Ejecutivo catalán, y cada vez son más los cargos, como Baiget, temerosos de tener que afrontar con su propio patrimonio las consecuencias del referéndum de Puigdemont.

Y es que son sobre todo esas consecuencias económicas las que más inquietan a los convergentes, sobre todo, tras conocerse que el Tribunal de Cuentas estudia una causa de «responsabilidad contable» a los dirigentes de la Generalitat por los 5,2 millones que costó el 9N. Antes, la Fiscalía  ya había emprendido acciones legales contra Artur Mas y los exconsellers Rigau, Ortega y Homs, instando a estos a afrontar con su propio dinero esa cantidad.

Las tensiones se dan especialmente en la antigua Convergència, sumida en una guerra interna de liderazgos, y donde se duda de la capacidad de gestión de Puigdemont, y de las consecuencias de su empecinamiento, que, consideran, es reflejo de su dependencia de la CUP.

Ya en abril, el Gobierno de Puigdemont forzó la puesta en escena de un manifiesto en el que hasta un centenar de altos cargos declaraban su compromiso con la celebración del referéndum. El acto, en cambio, tuvo un carácter simbólico y no vinculante.