Sánchez ordena romper todos los acuerdos con el PP en las comisiones del Congreso

Pedro Sánchez ha dado orden a su grupo parlamentario para que se rompan todos los acuerdos o negociaciones con el PP en el Congreso.

La única excepción sería el techo de gasto que se tendrá que negociar en los próximos días y que, según fuentes parlamentarias, podría aceptarse por la presión de los propios barones, necesitados de ese acuerdo para la financiación de sus respectivas regiones.

Pero la oposición en las comisiones en el Congreso será radical. El primer cambio de criterio se ha confirmado este mismo miércoles, al aceptar los socialistas que el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino y su colaborador, José Ángel Fuentes Gago, comparezcan en la comisión de Interior.

Los socialistas se habían opuesto anteriormente a estas citaciones, en virtud del acuerdo entre el propio presidente del Gobierno y Alfredo Pérez Rubalcaba para evitar las comparecencias de los funcionarios policiales. El objetivo era impedir que el Parlamento se convirtiera “en un circo”, expresión usada por los socialistas, y dañara la imagen de las Fuerzas de la Seguridad del Estado. La nueva posición de Sánchez -muy celebrada por Podemos- implica que ambos sean citados al Congreso el próximo 29 de junio. 

El mismo camino seguirán todas las votaciones que se celebren a partir de ahora, según avanzan fuentes parlamentarias. De esta forma, las decisiones que haya podido tomar la gestora quedan anuladas, y, con ello, los preacuerdos que se hubiesen cerrado verbalmente con el PP.

El incierto futuro de la ley electoral

Ello afecta de fondo a asuntos de gran relevancia que tendrán que negociarse en los próximos meses en el Congreso, como la reforma de la ley electoral, de la que se encarga una subcomisión parlamentaria que arrancará sus trabajos tras el verano.

Este órgano nace ya con fuertes discrepancias entre los grupos, en asuntos como la mejora de la proporcionalidad del sistema electoral, el desbloqueo de las listas electorales, las listas ‘cremallera’-que defiende el PSOE y de las que reniega el PP-o el sistema de voto ‘rogado’ para los españoles que residen en el extranjero, un asunto también controvertido. Mientras, los ‘populares’ quieren insistir en que se asegure la alcaldía al candidato de la formación más votada.

Las pensiones, preocupación en Moncloa

El regreso de Sánchez preocupa también en lo relativo a la reforma de las pensiones, en marcha aunque a trompicones. En Moncloa no se oculta que es una de sus grandes preocupaciones y urgencias, pero con Sánchez las posibles negociaciones, admiten, se hacen cuesta arriba. Existen, hoy por hoy, más discrepancias que acuerdos, y la comisión del Pacto de Toledo ni siquiera ha sido capaz de alumbrar un primer documento antes del verano, como era intención de los grupos.

La negociación enfrenta posturas insalvables, entre ellas,  la negativa de PSOE y Podemos a aceptar que la revalorización de las pensiones no puede ligarse a la evolución de la inflación o las diferencias sobre un sistema para la financiación alternativa. En el Gobierno no escapa que las pensiones son una poderosa arma electoral, que el nuevo líder de la oposición podría utilizar para sus propios intereses.

Subcomisión constitucional

Otro punto de conflicto estará en la reforma constitucional, que enfrenta radicalmente a PP y PSOE. Si la dirección provisional socialista decidió aplazar el debate en espera del ‘consenso’ entre formaciones, Sánchez está dispuesto a activar el mecanismo para abordar los cambios en la Carta Magna. Así, el líder socialista quiere poner en marcha una subcomisión para debatir esta reforma, especialmente centrada en la cuestión territorial y en Cataluña. Un asunto delicadísimo, y más aún tras la decidida apuesta de Sánchez por la ‘plurinacionalidad’, que indigna profundamente al Gobierno.

La discordia se verá también en la subcomisión del Pacto de Estado por la Educación. Una prioridad para todos los grupos, aunque sus discrepancias ralenticen enormemente las negociaciones. Este mismo miércoles, el órgano aprobó por unanimidad pedir una prórroga de seis meses, incluido julio, para redactar y enviar un documento consensuado al Gobierno de cara a la futura ley educativa. Hasta ahora, las conversaciones entre el ministerio y los barones socialistas habían sido cordiales, confirman en Moncloa.

La de financiación, arma de la oposición

Y, por supuesto, el frente de ataque está en la comisión sobre la presunta financiación irregular del PP. Los ‘populares’ confiaban en que una victoria de Susana Díaz en las primarias atenuase el tono de las comparecencias. Alegaban que, según las citaciones aprobadas, actuarían en consecuencia en el Senado, donde el partido goza de mayoría absoluta. Pero la llegada de Sánchez hace prever que la comisión se convertirá en un ‘todos contra el PP’, árido y desconcertante para el Gobierno.

Para empezar, PSOE, Podemos y Ciudadanos se aliaron hace días para rechazar la solicitud de los ‘populares’ de que se pusiesen límites al objeto de la investigación y su ámbito temporal y territorial. El PSOE no había manifestado una preferencia concreta por esos límites, pero acabó aliándose con Iglesias-que pide retrotraerse hasta 1977-y Ciudadanos, de forma que la comisión nace sin freno alguno. El PP, como avanzó OKDIARIO, la llevará al Tribunal Constitucional.