Otro frente para Sánchez: algunos diputados planean desobedecer en las votaciones y pagar la multa

Pedro Sánchez
Votación de Prespuestos, en el Congreso de los Diputados.

Los primeros días de Pedro Sánchez al frente del PSOE no han servido para cerrar las heridas de la dura contienda por el liderazgo. Demasiado profundas, las diferencias son evidentes en el grupo parlamentario socialista. Totalmente dividido, y con una clara mayoría decantada hacia el ‘susanismo’, para el nuevo secretario general es un problema asumido. De los 84 parlamentarios socialistas, Sánchez solo tiene de su lado a una veintena, entre ellos, los 15 que incumplieron la disciplina de la abstención, Susana Sumelzo, Margarita Robles o Adriana Lastra.

Esa circunstancia, la desobediencia, es el rumor que circula entre los críticos al líder socialista. No sin reproches, se recuerda en distintos corrillos que la misma opción que entonces defendieron los parlamentarios ‘pedristas’, es la que ellos mismos pueden tomar ahora en cuestiones especialmente “delicadas” o “comprometidas”.

Desobedecer el mandato de voto parlamentario se penaliza en el PSOE con una sanción máxima de 600 euros, como así recogen los propios estatutos, que dejan claro que los diputados están obligados a aplicar las resoluciones y acuerdos que adopten los órganos de dirección del partido y advierten también que si la conducta se estimase “grave” podría llevar a la expulsión del grupo.

Sujetos a “la unidad de actuación y disciplina de voto”, los diputados podrían ser “denunciados” por el mismo grupo parlamentario y la Comisión Ejecutiva Federal ante el Comité Federal para que tome las medidas oportunas, como darle de baja.  La Comisión Federal de Ética y Garantías sería finalmente la encargada de dictar las resoluciones.

La expulsión es una medida extrema que no se aplicó ni siquiera a los diputados del ‘no’. Sí la sanción correspondiente de 600 euros, que los parlamentarios recurrieron al considerarla improcedente e injusta. En sus alegaciones indicaban también que podría ser inconstitucional porque la Carta Magna establece que los miembros de las Cortes no están sujetos a mandato imperativo, gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y su voto es personal e indelegable.

Los diputados justificaron su negativa a apoyar a Mariano Rajoy en el “voto en conciencia” y aseguraron además sentirse “doblemente sancionados”, ya que algunos de ellos, como Susana Sumelzo– una de las más próximas a Sánchez-fueron relegados de sus portavocías en las diferentes comisiones parlamentarias. La catalana, Meritxell Batet y la balear Sofía Hernanz fueron dos de las ‘díscolas’ más castigadas, ya que fueron apartadas de la dirección del grupo, mientras que Margarita Robles sí pudo mantener su puesto de presidenta de la Comisión de Justicia.

Dos modelos enfrentados

Aunque en fuentes críticas a Sánchez se descarta una resistencia “por sistema” al nuevo secretario general y se asegura la disposición a la obediencia, la posibilidad del desacato existe.

De hecho, se recuerda que el modelo de partido y proyecto defendido por Sánchez está totalmente enfrentado al de la ponencia marco. Y en cuestiones especialmente delicadas como el concepto de ‘Estado plurinacional’, que genera una notable contestación interna por trascender los límites de la ‘Declaración de Granada’, consensuada en 2013.

Tampoco gusta el sistema de primarias a la militancia de Sánchez, ni lo que sus críticos consideran una forma de blindarse en el poder, impidiendo, por ejemplo, que la dimisión de la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva precipite la caída de un secretario general. Lo que ocurrió en el convulso comité federal del 1 de octubre. Más aún. Según el texto ‘pedrista’, la revocación del líder socialista tendrá que ser aprobada por el 51 por ciento del Comité y ratificada después por la militancia en una consulta. Además, los mandatos de la gestora serán limitados y las bases tendrán que ser consultadas obligatoriamente en el caso de acuerdos postelectorales y otras cuestiones relevantes.

Sánchez tiene asegurado que sus enmiendas podrán salir adelante en el próximo congreso-al disponer de una mayoría de delegados-lo que, en la práctica, supone que la ponencia marco quede totalmente desvirtuada. Esa circunstancia ya provocó hace unos días que sus coordinadores Eduardo Madina y José Carlos Díez se apartasen de su defensa al considerar que, hacerlo, supondrá abrir una batalla “absurda” en el cónclave. Madina, muy crítico, descargó en gestora y barones la responsabilidad de que la ponencia diseñada hubiese quedado obsoleta, al ceder a Sánchez todo el control del congreso.

Hasta ahora, los contactos del nuevo secretario general con sus críticos han sido escasos. Sánchez ha hablado con todos los barones-solo la balear Francina Armengol le apoyó-y, este viernes, telefoneó a Susana Díaz. La conversación duró menos de diez minutos y en ella la presidenta andaluza le pidió respeto por los dirigentes territoriales.

En ambos lados se aprecia una voluntad de reconciliación. Aunque otra cosa será el día a día parlamentario.

Sánchez mantuvo una primera reunión con la dirección del grupo apenas unos días después de ser elegido. El encuentro fue cordial, en definición de los asistentes, pero sobre todo centrado en el debate de Presupuestos en el Congreso, y las comisiones de investigación en marcha.

Días después, el Grupo Socialista mantuvo su primer encuentro de la nueva ‘era Sánchez’, con tensión contenida y aplauso a Antonio Hernando incluido, en su despedida como portavoz parlamentario.

Pero hubo reproches. Como el de Cipriá Císcar, quien aprovechó para advertir a Sánchez de que la dirección del grupo parlamentario habría de ser consensuada por el propio grupo parlamentario. En fuentes socialistas no ha gustado nada la designación de José Luis Ábalos como portavoz provisional y se recuerda que el portavoz debe ser votado por el grupo en el Congreso.

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