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Velasco indignado con el CGPJ porque no lo nombran presidente de la Sala de Apelación de la AN

Eloy Velasco
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La ‘operación Lezo’, dirigida por el juez Eloy Velasco, llegaba la semana pasada en medio de una lucha interna en la Audiencia Nacional de cara a la composición de la nueva Sala de Apelación, que se encargará de resolver los recursos judiciales. Para la composición de este nuevo organismo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado tres nuevas plazas, las de un presidente y dos magistrados.

Según fuentes de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco no oculta su indignación porque aspiraba a ocupar la plaza de presidente de la sala de nuevo cuño y no la va a conseguir, porque se trata de un concurso en el que está todo reglado. Los movimientos entre bambalinas dan a entender que el CGPC se pronunciará por un magistrado de mayor experiencia y curriculum profesional. Los consejeros destacan que tanto Alfonso Guevara como Enrique López, dos de los candidatos, poseen más méritos que Velasco para acceder a esa Presidencia.

Guevara, el ya presidente de la Sección Tercera de lo Penal, se postula como el nuevo presidente de la Sala de Apelación. Le sigue en la carrera Enrique López, que ha sido portavoz del CGPJ, magistrado del Tribunal Constitucional y miembro de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Las aspiraciones de Velasco sólo servirían para ocupar una tercera posición. Pero, como ya informó OKDIARIO, el acceso de Velasco a esta Sala propiciaría para un futuro sus aspiraciones para acceder al Tribunal Supremo, ya que podría redactar y firmar sentencias.

Eloy Velasco, que ganó las oposiciones a juez en 1988, llegó a la Audiencia Nacional veinte años después para sustituir al juez Del Olmo al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6. En ese tiempo sus actuaciones más conocidas fueron la detención de Gerardo Díaz Ferrán en la conocida como operación Crucero, y el ‘caso Púnica’, con el ingreso en prisión de Francisco Granados. En materia de seguridad, investigó las conexiones de ETA con las FARC colombiana y abrió diligencias contra Arnaldo Otegui por enaltecimiento del terrorismo en un mitin que celebró en Anoeta en 2004. Así mismo instruyó una pieza sobre seis sospechosos yihadistas de participar en el atentado del 11-M.

Como Garzón, Velasco también tuvo su recorrido en el mundo de la política. Entre 1995 y 2003, pidió la excedencia en la carrera judicial para probar suerte en la política. Fue nombrado director general de la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana bajo la Presidencia de Eduardo Zaplana.

Esa experiencia en las filas del PP ha creado en torno a su figura una serie de recelos y contradicciones, sobre todo cuando ha emprendido largas investigaciones contra la corrupción de los populares. Sin embargo, el magistrado, lo ha resuelto con declaraciones como ésta a Confilegal de Carlos Berbell: “Yo he tenido que meter en prisión a gente vinculada al partido político del Gobierno al que de alguna forma pertenecí y creo que ahí demostré que un juez es primero profesional y luego tiene ideas particulares”.

La presencia de Velasco en los medios de comunicación también han provocado controversia, como la entrevista publicada por El MUNDO el pasado domingo, que ha provocado un cierto malestar entre algunos jueces de la Audiencia Nacional. Piensan que en algunas de las respuestas del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 se esconden una serie de mensajes velados, que no favorecen la imagen de la Judicatura.

La ‘operación Lezo’, en recuerdo de Blas de Lezo que falleció en Cartagena en 1741, la misma ciudad colombiana donde Ignacio González fue espiado y fotografiado con unas bolsas de gran tamaño, quedará huérfana de juez dentro de unos meses. Velasco, vasco de nacimiento como el almirante mutilado por heridas de guerra, sigue instruyendo las diligencias e interrogando a los detenidos a la espera de su nuevo destino y de la llegada de su sustituto. El futuro magistrado del Seis de la Audiencia Nacional, entre la operación Púnica y la operación Lezo, tiene la agenda judicial cubierta para varios años.

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