La Audiencia Nacional investigará el arsenal que ETA dice que entregará este sábado

Audiencia Nacional-ETA
La Audiencia Nacional rechaza acercar al País Vasco a los presos de ETA

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional quiere supervisar el arsenal de armas que la banda terrorista ETA dice que tiene previsto entregar el próximo sábado en Francia, tras admitir a trámite una denuncia que la Fiscalía presentó la semana pasada, según han informado a Europa Press fuentes fiscales.

El objetivo de la Fiscalía con esta denuncia es pedir colaboración a las autoridades francesas para que la Audiencia Nacional pueda analizar todo aquello que la banda terrorista les entregue este sábado, coincidiendo con el acto en Bayona de los autoproclamados ‘artesanos de la paz’.

El Ministerio Público analizará si el arsenal de ETA puede contener pruebas o evidencias que podrían llevar a esclarecer 224 atentados aún sin aclarar cometidos por la organización terrorista, de ahí que la Fiscalía haya pedido poder tener acceso a todo ello, según han remarcado las fuentes consultadas.

De hecho, la investigación que quiere abrir la Audiencia Nacional tiene que ver con los al menos 224 asesinatos de los terroristas que siguen sin resolverse. Esto significa que casi un tercio de los crímenes de los sanguinarios sicarios de ETA nunca se han esclarecido y los familiares de sus víctimas siguen sin reparación.

Las fuerzas de seguridad, de hecho, tienen pocas esperanzas de que las armas entregadas por ETA sirvan para arrojar luz sobre los 224 atentados de la banda sin resolver, ya que seguramente estarán “limpias” de pruebas y muchas de las usadas en esas acciones ni siquiera se habrán facilitado a los “mediadores”.

Fuentes de la lucha antiterrorista han explicado que no creen que la banda terrorista ETA vaya a entregar precisamente estas armas y, en cualquier caso, hay muchas que están metidas en zulos cuya ubicación ni siquiera conocen los dirigentes de la banda ni los propios etarras que los hicieron en su día.

Los encargados de luchar contra ETA han comprobado en muchos casos cómo los terroristas han sido incapaces de localizar los zulos al estar en sitios “inhóspitos” y, en caso de que efectivamente entreguen armas usadas en crímenes, esperan que estén desprovistas de huellas dactilares y restos de ADN.

Y es que el desarme de ETA deja tras de sí una gran incógnita: la de las familias de casi 300 víctimas de la banda que aún no saben quiénes fueron los asesinos de sus seres queridos a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad españolas, que han reabierto una veintena de causas para intentar resolverla.

Víctimas del terrorismo

En 2011, la Fundación de Víctimas del Terrorismo determinó que los responsables de 324 víctimas mortales de ETA no habían sido juzgados. Las discrepancias sobre esa cifra llevó al equipo jurídico de la AVT a acudir a las fuentes primarias de información al objeto de recopilar las sentencias y pedir la reapertura de casos. A diciembre de 2016, quedaban 312 casos sin resolver.

ETA asesinó a más de 800 personas en su medio siglo de actividad criminal, dejando también más de 20.000 heridos y damnificados y casi un centenar de secuestrados.

La decisión de la Audiencia Nacional se ha adoptado 48 horas antes de la fecha límite fijada por los mediadores elegidos por ETA, que el pasado 17 de marzo comunicaron a través del periódico francés ‘Le Monde’ que la banda terrorista estaría «totalmente» desarmada este sábado.

ETA ha recurrido a representantes de organizaciones afines para intentar escenificar de nuevo su desarme voluntario tras el rechazo del Gobierno a negociar un final dialogado y el fracaso de la falsa entrega de armas de 2014, cuando unos ‘verificadores internacionales’ reconocieron en la Audiencia Nacional que los terroristas se habían llevado las mismas armas que habían dicho que entregaban.

Operación en diciembre en Francia

Los Gobiernos de España y Francia han desatendido las continuas demandas etarras de diálogo a través de la constitución de una mesa de negociación en la que se abordara lo que los terroristas llaman las «consecuencias del conflicto», en referencia, principalmente, a la política de dispersión aplicada a los presos etarras que cumplen condenas.

Tras los sucesivos portazos, ETA ha recurrido ahora a colectivos vinculados a la izquierda abertzale. La Guardia Civil impidió el 16 de diciembre a cinco de sus integrantes escenificar en Luhuso, en el sur de Francia, que manipularan un lote de armas por el riesgo de que se eliminaran pruebas que podrían ser utilizadas para esclarecer casos sin resolver.

Jean-Noël ‘Txet’ Etcheverry fue uno de los cinco ciudadanos franceses vinculados con la izquierda abertzale que fueron arrestados en aquella operación en un caserío a unos 20 kilómetros de la frontera con España. Entonces fueron intervenidas cincuenta armas de fuego, 17 de ellas procedentes del robo cometido por ETA en Vauvert (Francia) en octubre de 2006, que iban a ser inutilizadas usando maquinaria específica que también fue decomisada.

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