La prioridad para Rajoy: negociar los Presupuestos de 2018 para valorar el adelanto electoral

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Mariano Rajoy. (Foto: EFE)
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Mariano Rajoy zanjó el debate sobre los Presupuestos de 2017 ordenando al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tener el borrador ultimado para marzo. La decisión generó divisiones entre los partidarios de acudir al Congreso con todas las consecuencias, y los que preferían evitar el «trastazo» de unas Cuentas rechazadas.

Pero hace tiempo que en el partido de Gobierno, y en Moncloa, esos Presupuestos se dan por perdidos y, salvo un giro imprevisto en las incipientes negociaciones, la prórroga por asegurada. De hecho, la prioridad para Rajoy es sondear ya los Presupuestos de 2018, de cara a un posible adelanto electoral. Hace tiempo que un posible anticipo está sobre la mesa del presidente, y fuentes populares dejan entrever la salida: «Ese no es el escenario…por ahora».

No es casual que la orden que Rajoy dio al partido en el pasado Congreso Nacional fuese la de preparar a conciencia los próximos cónclaves regionales «por lo que pueda pasar». Las direcciones se renovarán en los meses siguientes, y la prioridad del número tres de Génova, Fernando Martínez-Maíllo, es negociar al máximo para consensuar candidaturas. Todo lo que esté en la mano para limar divisiones y fortalecer al partido de cara a un posible adelanto.

Este año, el Gobierno respira todavía con la tranquilidad de tener aprobado el techo de gasto, el marco presupuestario, la senda de déficit y, en definitiva, los compromisos con Bruselas.

Es por ello que para Rajoy no sería un problema que los Presupuestos se prorroguen unos meses. Pero otra cosa sería ya un bloqueo de dos años. Entonces sí, el Gobierno vería seriamente comprometida su acción política, la imagen exterior del país, y el crédito ante las instituciones comunitarias. Más aún en un año, 2018, que reclama al Ejecutivo echar el resto para consolidar el crecimiento económico, en un contexto que presenta aún indudables riesgos.

El techo de gasto, a finales de verano

En el PP se asume que, a las puertas de sus incendiarias primarias, el PSOE no puede garantizarles el apoyo a los Presupuestos.

El calendario convierte los próximos meses en un polvorín: las primarias socialistas se celebrarán en mayo, y el congreso, en junio, cuando el Presupuesto tendrá que votarse en el Congreso. Ese mes, el Gobierno tendría ya que empezar a encarrilar el techo de gasto del año que viene, con vistas a que, siguiendo los cauces habituales, el proyecto de ley de 2018 se presente antes de finales de año.

Desde el grupo parlamentario socialista ya se ha emplazado al PP a dejar pasar este ciclo, y dejar las negociaciones, si acaso, para después del verano, cuando el partido tenga nuevo líder. Aunque para entonces, la incertidumbre también es máxima: si Pedro Sánchez se hace de nuevo con el liderazgo del PSOE, el bloqueo persistirá y la convocatoria electoral será, entonces sí, totalmente inevitable.

Hasta entonces, los socialistas tratarán de ganar tiempo con una enmienda a la totalidad, que el Gobierno podría superar con apoyo de Ciudadanos, PNV y los dos diputados nacionalistas de Canarias. Después, presentarán tantas enmiendas parciales que las Cuentas podrían ser desfiguradas por completo. Algo también impensable para Rajoy.

Entre tanto, el mensaje que se intenta trasladar desde el PP es que se intentará que los Presupuestos de 2017 salgan «a toda costa».  «Es una responsabilidad de todos y no sólo del Ejecutivo», apuntó este miércoles el nuevo coordinador general, Martínez-Maíllo. 

En los últimos días han comenzado las negociaciones formales con el PNV y por el momento, sin los resultados esperados. Según fuentes próximas a la negociación, los peneuvistas están haciendo valer sus presiones para actualizar el Cupo y para que el Estado pague los 1.400 millones de euros en concepto de la deuda que, en su criterio, mantiene la Administración Central con la Hacienda vasca por el cobro indebido en los últimos años. En fuentes populares dan rienda al pesimismo y admiten que, hoy por hoy, «no hay nada cerrado».

 

 

 

 

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