España

El Gobierno señala que “las sentencias no tienen que ser ejemplarizantes sino justas y objetivas”

The Times
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.
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El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, señaló este viernes que la sentencia emitida por la Audiencia de Palma sobre el caso Nóos, por la que absuelve a la infanta Cristina y condena a seis años y tres meses de cárcel a Iñaki Urdangarin, “demuestra que en España, el Estado de Derecho funciona”. El Ejecutivo de Rajoy considera que “las sentencias no tienen que ser ejemplarizantes sino justas y objetivas”.

“Todo el mundo está sometido al imperio de la ley. Nadie está por encima, ni al margen de ella”, dijo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. El portavoz del Ejecutivo recalcó que el Gobierno “no comenta las sentencias judiciales”, sino que “las respeta y las acata y mantiene lo que ha mantenido siempre” en relación con el caso Nóos y otros procesos judiciales.

“La Corona ha sido ejemplar”

Méndez de Vigo explicó que, como abogado, “lo que se enjuicia al final es si una conducta determinada entra o no dentro de un tipo penal y eso es lo que tienen que hacer los jueces. No me cabe duda de que ese es el único criterio que han seguido los jueces ver si esas conductas encajaban y están acorde a las penas”, señaló advirtiendo que “caben siempre recursos”.

El portavoz del Gobierno felicitó a Casa Real señalando que “la Corona ha sido ejemplar en toda esta cuestión haciendo comunicados diciendo que respetaban y acataban las sentencias judiciales y es una buena fórmula: respetar y acatar”, zanjó el ministro.

Tal y como publicó OKDIARIO, Iñaki Urdangarin, esposo de la Infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por la Audiencia Provincial de Baleares, que notificó este viernes la sentencia del caso Nóos a los 17 procesados. La Infanta Cristina acusada de cooperar en los delitos fiscales de su marido, resultó absuelta, aunque obligada a pagar 265.000 euros de responsabilidad social.

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