China exige la extradición de 238 estafadores de Taiwan y la AN se resiste porque les caería la perpetua

El Gobierno chino ha solicitado a las autoridades españolas que aceleren los trámites para extraditar a 238 taiwaneses detenidos el pasado 14 de diciembre por una estafa telefónica masiva a ciudadanos en territorio chino. La Audiencia Nacional se resiste por el momento a tramitar los expedientes debido a que la pena que le podría caer a los acusados podría ser de cadena perpetua.

El caso de la llamada ‘operación Wall’ lo lleva el Juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (AN) del que es titular José de la Mata. Debido a la complejidad del mismo y al importante número de acusados, la AN dictó un auto en el que habilita a los magistrados Santiago Pedraz, Carmen Lamela y Alejandro Abascal como jueces de apoyar a De la Mata, también hizo lo propio la Fiscalía aumentando el número de fiscales adscritos al caso.

Sin embargo, desde la AN existen ciertas reticencias a tramitar los expedientes del caso Wall. Los integrantes de esta red que finalmente sean extraditados a China se enfrentan a delitos considerados muy graves en el giganta asiático y podrían enfrentarse a condenas de cadena perpetua en la mayoría de los casos. Por eso, tras la reunión de la Junta de Jueces de este martes se ha tomado la decisión de ir valorando caso por caso.

Una timo de 16 millones de euros

El pasado 14 de diciembre la policía española desarticulaba una red de estafadores telefónicos en una operación coordinada llevada a cabo en Barcelona, Alicante y Madrid. La red podría haberse embolsado un total de 16 millones de euros timando a compatriotas residentes en China a los que hacían pensar que estaban siendo investigados por las autoridades de Pekín.

El comisario general de Policía Judicial, Eloy Quirós, explicó que esta red robó a miles de familias y ciudadanos chinos humildes sus escasos ahorros, hasta el punto de que la estafa condujo al suicidio de un joven tras haber abonado a la trama el dinero con el que pretendía pagar sus estudios.

Como él, miles de ciudadanos chinos cayeron el otro lado del teléfono en el planificado engaño de esta red, cuyos líderes están en el país asiático, pero controlaban el funcionamiento de la trama con lugartenientes en cada una de las viviendas que servían para la comisión de estos delitos.

En cada una de las veinte viviendas investigadas –chalets aislados y en algunos casos de lujo– vivían y cometían la estafa entre 20 y 30 ciudadanos, ajenos al exterior y que trabajaban de noche para que las llamadas a China coincidieran con su horario diurno.