El Gobierno proyecta un órgano para impedir que los litigios con los independentistas lleguen al TC

El Gobierno está decidido a rebajar la “conflictividad” jurídica con la Generalitat. En paralelo a la Operación Diálogo, que dirige Vicepresidencia, desde Moncloa se quiere corresponder al avance del diálogo con el gobierno catalán con determinados gestos. Entre ellos, la creación de un órgano intermedio, entre ambas partes, para resolver las diferencias sobre las competencias, evitando así que lleguen al Tribunal Constitucional.

Se trataría de un espacio entre el Ejecutivo central y el autonómico, que permitirá encontrar una salida negociada en los asuntos que suelen enfrentar a ambas administraciones en los tribunales. La “judicialización” de la cuestión catalana es precisamente uno de los argumentos que el Govern de Puigdemont utiliza con frecuencia para arremeter contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

En su cara a cara en el Congreso con el portavoz de PDECat, Francesc Homs, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya se comprometió a poner de su parte para que esa litigiosidad se reduzca. Antes, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, ya se mostró dispuesta a “intensificar la negociación”.

Una de las prioridades del Ejecutivo será así potenciar las comisiones bilaterales entre ambas administraciones para resolver aquellas divergencias que puedan entorpecer las relaciones. De hecho, el Gobierno no tiene pensado en estos momentos recurrir los Presupuestos del Gobierno catalán, que incluyen una partida de 5,8 millones de euros para la celebración de un referéndum. El departamento de Rafael Catalá esperará a que la ley se tramite para aplicar «mecanismos» que permitan encontrar soluciones antes de la impugnación, en un gesto que demuestra la voluntad del Gobierno de abrir espacios de consenso y entendimiento con las autoridades catalanas. Siempre, claro está, dentro de los límites de la ley.

El Govern recurre más al TC que el Estado

Los litigios entre ambos Ejecutivos han sido frecuentes en los últimos años. No obstante, esa litigiosidad es notablemente superior desde el lado catalán: hasta un total de 82 normas estatales fueron impugnadas en los últimos cuatro años por el Govern al entender que invadían competencias autonómicas. La cifra se reduce a 21 en el caso del Estado.

En ese último caso destacan aquellas leyes dedicadas a la creación de las estructuras promovidas por los independentistas para la denominada República Catalana, como la agencia tributaria catalana, que el pasado julio fue declarada inconstitucional. El Gobierno sostuvo su recurso en que la norma catalana integra a los funcionarios de la agencia en cuerpos dependientes de la Generalitat. En mayo, el alto tribunal dejó en suspenso varios artículos de la ley catalana contra la pobreza energética, también por divergencias de competencias.

Entre otras leyes catalanas que actualmente se encuentran en suspenso por el Constitucional figuran las de Igualdad entre hombres y mujeres, sobre actividad de gobiernos locales o contra la decisión de establecer un impuesto sobre las viviendas vacías. Las dos primeras, también por competencias, y la tercera para evitar que se grave dos veces el mismo hecho imponible.

Por su parte, el Govern ha presentado recursos contra la LOMCE, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o la Ley de Seguridad Ciudadana.

Precisamente, este último recurso acaba de ser desestimado por el TC al considerar que, en contra de lo que defendía el ejecutivo autonómico, la norma, que obliga a las comunidades a destinar recursos cuando se declare una situación de interés para la seguridad nacional, no invade las competencias de las comunidades.