Villegas y Catalá mantienen una reunión para poner en marcha las medidas de Justicia del pacto de investidura

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha reunido este martes con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para abordar los compromisos que se firmaron en el pacto PP-Ciudadanos a finales de agosto para investir a Mariano Rajoy.

Y es que la reforma de la Administración de Justicia era uno de los mimbres que conformaron ambas formaciones en el acuerdo, cuyos grandes objetivos era la lucha contra la corrupción y la despolitización de los jueces a la hora de su nombramiento.

En el terreno de la lucha contra la corrupción, una de las medidas más innovadores del pacto es la aprobación de una Ley de Protección de los Denunciantes por Corrupción, en el que se recoge la figura de los «testigos protegidos» que decidan colaborar con la Justicia en las investigaciones sobre tramas de corrupción.

Otro de los compromisos sería la reforma del Código Penal para introducir un nuevo delito, que sería el de enriquecimiento ilícito «una vez se tengan todas las garantías sobre su constitucionalidad».

En este sentido, lo que se buscaría sería potencia la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos requisados a los condenados por corrupción, para así garantizar que los condenados «devuelvan lo robado».

Se revisaría la ‘Ley Mordaza’

En materia de despolitización de la Justicia, se acordó que 12 de los 20 vocales que conforman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) serán elegidos directamente por los jueces y no por el Congreso.

El pacto también busca acabar con las denominadas puertas giratorias dentro de este ámbito, endureciendo las condiciones para aquellos jueces que hayan militado en la política soliciten de nuevo regresar a su cargo anterior.

Una de las medidas más concretas tiene que ver con el Ministerio Fiscal, puesto que el fiscal general deberá tener 20 años de experiencia como mínimo en el ejercicio profesional. Tanto su reprobación como su cese deberá establecerse a través de un mecanismo regido por el Congreso de los Diputados.

Además, dentro del pacto PP-C’s se acordó revisar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada por el PP a mediados de 2015, conocida comúnmente como la ‘Ley Mordaza’.

En la reunión mantenida entre Villegas y Catalá, también se ha tratado la necesidad de coordinación para llevar a cabo estas medidas suscritas.