El juez candidato de Podemos quiere meter un impuestazo en Galicia a los dueños de propiedades en desuso

Luis Villares, el recientemente elegido candidato de En Marea y Podemos para las elecciones gallegas del 25-S, defiende la intervención del Estado por medio de impuestos a las propiedades privadas que no se utilicen.

En una entrevista en el portal digital campogalego, Villares-que actualmente se encuentra en excedencia como juez del Tribunal Superior de Justicia de Galicia- asegura que “la administración debe perder el miedo a intervenir en la propiedad privada”, y cree adecuados los impuestos que, por ejemplo, graven “las tierras abandonadas para fomentar su movilización”. El magistrado se remite a experiencias similares puestas en marcha Andalucía en los años ochenta.

La propuesta recuerda a otras, ya planteadas por Podemos en su programa electoral, con las que se busca penalizar a los propietarios que no hagan uso de su vivienda.

Podemos penaliza a los propietarios de pisos vacíos

El partido de Iglesias recoge en su programa electoral propuestas como «gravar con un impuesto a los tenedores de vivienda vacía» o sanciones «en caso de incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los tenedores de más de diez viviendas, con especial agravante para las situaciones de abandono, por el menoscabo que supone para el derecho a la ciudad y a la convivencia». El partido contempla además la expropiación «en los casos graves» que no concreta.

Todo, según argumenta el partido morado, para garantizar «la función social de la vivienda», con la creación de un parque público de viviendas en alquiler, si bien a costa de la intervención en la propiedad privada.

De hecho, esta medida se aplica desde el pasado mes de julio en Barcelona, donde el Ayuntamiento de Ada Colau impone tasas de 633 euros a los dueños de pisos que lleven vacíos durante más de dos años.

Según el Consistorio, el objetivo es disuadir a los propietarios de tener pisos vacíos injustificadamente y «garantizar el derecho a la vivienda». Las sanciones no acaban ahí ya que se cobrarán 286 euros más por cada requerimiento que se abra a causa del incumplimiento de un requerimiento anterior.

Esta política de cargar con impuestos la propiedad privada es defendida también por el Gobierno catalán, que el pasado mes de febrero aprobó un reglamento- actualmente suspendido por el Tribunal Constitucional- para castigar con  tasas de entre 850 y 1650 euros anuales a los propietarios de vivienda vacía. Así, se logró recaudar 11,3 millones de euros en apenas dos meses.

En el caso del candidato gallego, la propuesta se ampliaría a otras propiedades, como los terrenos o fincas. 

Según Villares, en Galicia existe una importante superficie forestal que está abandonada, al tiempo que hay ganaderos que necesitan más tierra y no la tienen. Esto, opina, provoca una «incomunicación» entre una «oferta inexistente» y una «demanda real».

El juez considera que hay que «superar el miedo a intervenir públicamente en la propiedad privada». «A día de hoy a nadie se le ocurre que en el espacio urbano una persona pueda levantar un edificio sin la regulación pública. Pues en el ámbito rústico nos tenemos que acostumbrar a lo mismo», argumenta.