El pacto entre PP y C’s abre la puerta a los matices

El acuerdo suscrito este viernes entre PP y Ciudadanos para poner en marcha las negociaciones hacia el ‘sí’ de Rivera a Rajoy deja abierta la puerta a los matices. 

Aunque desde Ciudadanos se rechaza que los populares incorporen correcciones a sus seis condiciones, la literalidad de las mismas deja en el aire su alcance futuro. 

Es lo que sucede, por ejemplo, en la exigencia de crear una comisión de investigación sobre la “presunta financiación irregular del PP”. Esa es la única alusión, pero se entiende también que desde Ciudadanos no pondrán objeciones a una comisión idéntica para casos de otros partidos, como es intención del PP. Los populares tendrían así un resquicio para llevar al Parlamento los ERE de Andalucía e incluso la financiación venezolana de Podemos. 

¿Exigencias retroactivas?

Tampoco se explica si las medidas tendrán carácter retroactivo.  “Los acuerdos suelen tener vigor desde que se firman”, ha sido la única aclaración de Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP y encargado, con su homólogo de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, de ‘oficializar’ el pacto. En la firma, no obstante, no se abordó esta cuestión, que queda en duda y que podría afectar a cuestiones como la limitación de mandatos  a ocho años, que exige Ciudadanos. 

El texto especifica únicamente que las condiciones se deberán tramitar durante los tres primeros meses, a contar desde la fecha de la investidura, esto es, el 30 de agosto.

Un tiempo ciertamente ajustado, teniendo en cuenta que varias de ellas requieren del apoyo de otras formaciones. Es el caso de la reforma de la ley electoral. Los de Rivera persiguen con esta exigencia establecer un sistema más proporcional, eliminar el mecanismo de voto rogado e instaurar las listas desbloqueadas. La reforma necesita del PSOE, como se admite en Ciudadanos, lo que podría dificultar su cumplimiento. 

Desde el PP emplaza a la negociación que ahora empieza la posible introducción de esos matices. De hecho, el propio Hernando aseguró, sobre la reforma electoral, que habría que elegir entre “una gran variedad de modelos”. “A ver qué se nos plantea”, dijo.

Lo mismo ocurre con la supresión de aforamientos «ligados a cargos políticos y otros cargos públicos», que requiere también de una reforma constitucional pactada con otras formaciones.

Como avanzó OKDIARIO, el PP era favorable a admitir las exigencias de Rivera, aunque también a incluir ciertas concreciones, como la ampliación de la comisión de investigación a otros partidos. Los populares no quieren que esta comisión entorpezca los juicios pendientes sobre el caso Bárcenas, en marzo, y la trama Gürtel, en octubre. 

Donde no existe matiz posible es en lo que se refiere a la expulsión de los cargos “que hayan sido imputados formalmente por delitos de corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”.  En el PP consideraban en cambio que la expulsión debe producirse en el momento en que exista una sentencia firme para preservar la presunción de inocencia.  

El acuerdo con Rivera obligará a expulsar a todos los cargos imputados y sea cual sea su ámbito, desde un miembro de Gobierno a un concejal.