El director de hospitales de OHL tacha la instrucción del caso Son Espases de «inquisitorial»

El director de Hospitales de OHL, José Magán, ha solicitado el archivo de su imputación en el caso Son Espases mediante un escrito en el que asegura no haber incurrido en delito alguno durante el proceso de adjudicación del hospital de referencia de Baleares, llevado a cabo en la última legislatura de Jaume Matas, y califica de «prospectiva e inquisitorial» la instrucción de la causa.

Mediante un escrito que ha presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, la defensa de Magán asevera que no hay prueba alguna de que haya existido un concierto entre su patrocinado y cualquier funcionario de la Administración para que la constructora presidida por el ex ministro Juan Miguel Villar Mir resultase favorecida en el concurso.

«Y no ha habido ni podía haber perjuicio porque OHL no ha resultado adjudicataria», recalca el inculpado, quien afirma que de haberse resuelto a su favor el contrato para la construcción del hospital -finalmente recayó en manos de Dragados, filial de ACS-, «ningún perjuicio se habría derivado para el erario público» ante la bondad de la oferta con la que concurrió al proceso.

De hecho, subraya que «nadie puede sostener que la oferta de OHL era perjudicial para la Administración. Ni siquiera por comparación con el resto de participantes en el concurso público», abunda. Sobre el investigado pesan supuestos delitos de prevaricación, fraude y falsedad documental cuya comisión niega a lo largo de todo su escrito.

Precisamente, Villar Mir también solicitó recientemente el archivo de su imputación en esta causa al negar haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, fraude y falsedad. De hecho, el máximo accionista de OHL cree que, «de buscarse» la comisión de estas irregularidades, «nuestro defendido (y la empresa que preside) debería ser considerado víctima, no partícipe».

Tras recibir el escrito de Magán, el juez Castro ha dado traslado del mismo a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes para que en un plazo de diez días se pronuncien sobre la pertinencia de archivar o no el encausamiento del investigado.

En su escrito, de 49 páginas, el abogado del empresario asevera que «lo que existe» en la causa «es un vacío probatorio de dimensiones tales que impiden la continuación de la presente investigación penal sin que la misma pase a adoptar -definitivamente- los caracteres de prospectiva e inquisitorial».

«Lo cierto es que, a partir de la ‘lógica indiferencia’ del ilustre señor fiscal, se ha dado inicio a una investigación generalizada y con connotaciones prospectivas sobre la persona de mi representado y sobre la sociedad OHL, dando pábulo a los supuestos indicios que arrojaba el endeble sustento que podían ofrecer las manifestaciones de una coimputada supuestamente arrepentida», subraya la defensa en alusión a la exconsellera de Salud Aina Castillo, quien se prestó a colaborar con las investigaciones.

El encausado rebate así las manifestaciones efectuadas por Castillo, quien afirma que se produjo «una manipulación o intento de manipulación» del concurso por parte de Matas a favor de OHL, cuando, recalca el letrado, hasta la fecha «no se ha aportado un sólo vestigio, indicio o rastro de la supuesta participación de OHL y del señor Magán en los hechos denunciados».

En su escrito, el abogado recuerda, de hecho, cómo el primer informe que se emitió en el marco del proceso de adjudicación por parte de la empresa Global PM concluía que la oferta de OHL-Bovis era «técnicamente muy superior y claramente la mejor de las cuatro ofertas presentadas». Y ya no sólo, añade, desde una perspectiva técnica, sino que «inclusive su plan económico financiero era más ajustado y mejor que el del resto de ofertas».

Del mismo modo, respecto a la supuesta entrega que Matas hizo a Castillo de un sobre que presuntamente contenía las instrucciones para amañar el concurso, Magán afirma al respecto que se trata de «un misterioso sobre que nadie nunca abrió y de cuyo contenido nadie puede dar cuenta».

«Absoluta ausencia de pruebas»

De lo que se infiere, reitera la defensa del empresario, una «absoluta ausencia de pruebas y una serie de presunciones contra reo totalmente proscritas en nuestro ordenamiento jurídico penal».

El encausado recuerda, en este contexto, cómo después de que el proceso se decantara inicialmente a favor de OHL y cuando iba a realizarse una propuesta de adjudicación por parte de la mesa de contratación, fue filtrada en prensa la noticia de que la constructora iba a ser la ganadora del concurso, publicación que «cumplió con su finalidad y que no era otra que la de ‘reventar’ el concurso y la adjudicación del mismo a OHL».

Efectivamente, tras ello el Govern ordenó al Consell Consultiu que emitiera un informe sobre cómo se estaba desarrollando la tramitación, una petición efectuada en el marco de un procedimiento de contratación pública que, a juicio de Magán, «resultaba absolutamente extraordinaria e inédita». Ello, junto a la posterior solicitud de dictámenes adicionales a los Colegios de Ingenieros y Economistas, «supuso a la postre un cambio en las puntuaciones de las dos ofertas e implicó que la de Dragados-FCC ganara» el concurso.

No hubo información privilegiada

El letrado del responsable de Hospitales incide por tanto en que con el desarrollo de la instrucción se ha acreditado que «ni hubo información privilegiada ni trato de favor alguno hacia OHL».

Es más, abunda en que tras la práctica de toda la prueba documental y testifical llevada a cabo hasta el momento «la conclusión que se alcanza es que la adjudicación a la UTE que conformaban Dragados y FCC fue irregular, sí, pero no en el sentido que se apunta en la querella, sino porque simple y llanamente la oferta del consorcio OHL-Bovis era la mejor y no fue elegida porque se añadieron una serie de nuevos trámites absolutamente irregulares».

«No es difícil colegir que la inicial ‘burbuja’ acusatoria creada artificialmente por el testimonio de la señora Castillo puede lastrar este procedimiento llevándole por derroteros destinados al fracaso procesal empleando medios materiales y humanos cuya actividad comporta enormes costes cuando ya se advierte de su inutilidad. Nuestras instituciones no pueden ser instrumentadas», concluye.