El tribunal que juzgará a la Infanta se inclina por aplicarle la ‘doctrina Botín’

La infanta Cristina podría eludir el banquillo de los acusados en el juicio del caso Urdangarin en el minuto 1 si los jueces, como parece probable según fuentes judiciales, aplican la ‘doctrina Botín’, que evita que se enjuicie a un imputado si sólo lo solicita la acusación popular. En este caso, ni la Fiscalía, ni la Agencia Tributaria, ni la Abogacía del Estado han acusado a la infanta, por considerar que no cometió delito a pesar de que el juez Castro lo vio claro desde el primer momento. Pero sí existe una acción popular ejercida por el sindicato Manos Limpias, que pide ocho años de cárcel por los dos delitos fiscales que se le atribuyen como cooperadora necesaria.

El juicio comienza el 9 de febrero con la declaración de los acusados, aunque antes, el 11 de enero, se dilucidarán las cuestiones previas. El tribunal no ha aceptado la petición que hizo el abogado de la infanta de no acudir el día 11. Así, a partir de febrero, el juicio arrancará con los interrogatorios a los 18 acusados, que serán 17 si finalmente se exonera a la hermana del Rey.

La ‘doctrina Botín’ la estableció el Supremo cuando, en medio de un sonoro escándalo, libró a la cúpula del Santander de ser juzgada en el caso de las cesiones de crédito, porque no existía ni acusación del fiscal ni acusación particular, aunque sí popular. El abogado de la infanta, Miquel Roca, ya ha anunciado que pedirá que se le aplique también a ella para librarla del juicio, pero la decisión queda en manos de la Sección Primera de la Audiencia de Palma.

Esta será la segunda vez que el letrado reclama este privilegio en el recorrido judicial de la Infanta. La primera petición fue rechazada en noviembre de 2014 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, decisión que respaldó el juez Castro con la famosa frase «Hacienda somos todos», para explicar que los delitos contra la Hacienda Pública atentan a «un bien jurídico colectivo de interés general». El juez entendió que como estos delitos dañaron intereses colectivos, no debe aplicarle la ‘doctrina Botín’. 

Roca volvió a pedir que se le aplicara la ‘doctrina Botín’ a su defendida, pero la Sección Primera, la misma que dictaminará ahora, resolvió en junio de 2015 que sería durante el periodo reservado a las cuestiones previas cuando fallaría sobre las distintas peticiones de los acusados.

El calendario establece que los acusados comparecerán entre el 9 y el 26 de febrero, según el orden propuesto por el Ministerio Fiscal, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis «Pepote» Ballester, si bien el orden puede modificarse si lo solicitan las partes durante la vista y así lo considera el Tribunal.

Los 363 testigos lo harán del 8 de marzo al 17 de mayo. A partir del 18 de mayo y hasta el 7 de junio tendrán lugar las pruebas periciales y desde esa fecha y hasta el 30 de junio están previstas la prueba documental, conclusiones e informes de las partes y trámite de última palabra de los acusados.

Manos Limpias mantiene la acusación contra la infanta ya que considera que su papel fue imprescindible para que su marido defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon. Empresa que integra una serie de sociedades ‘pantalla’ dirigidas por Urdangarin y su ex socio Diego Torres que llegaron a defraudar hasta 6 millones de euros públicos.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción considera que no existen sobre la infanta indicios de haber cometido delito alguno, aunque sí apuntó que podría haberse beneficiado de los fondos defraudados por su marido. Una postura que secunda la Agencia Tributaria, que ahora no ve delito cuando en un principio sí lo apreció en la gestón de Aizoon.

El Ministerio Público solicita, por el contrario, más de cien años de cárcel para los 14 acusados contra los que se dirige, de los que 19 años los reclama para Urdangarin y 16 y medio para Torres, si no pactan previamente con la Fiscalía. De ser así, estas penas podrían verse reducidas a la mitad a cambio de pagar los 6 millones de euros de fianza y asumir la culpa de todos los delitos penales de los que se les acusa.