Josep Antoni Rosell queda en libertad con cargos, sin pasaporte y obligado a ir cada mes al juzgado

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Josep Antoni Rosell se cubre la cabeza al acudir a declarar (Foto: Efe)

El juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso del 3% ha dejado en libertad con cargos al director general de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, aunque le ha retirado el pasaporte y le obliga a comparecer mensualmente en el juzgado.

Según han informado fuentes judiciales, el magistrado ha decretado la libertad provisional para el detenido, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado el ingreso en prisión incondicional del alto cargo, detenido el pasado miércoles por su presunta implicación en el pago de comisiones a CDC.

Rosell, director general de la empresa de obra pública de la Generalitat, se ha negado a responder a las preguntas del magistrado, igual que esta mañana ha hecho el extesorero de CDC Daniel Osàcar y ayer Andreu Viloca, su sucesor al frente de las finanzas del partido.

El alto cargo permanece imputado en la causa por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil, de acuerdo con la calificación provisional que ha establecido el juez.

La Fiscalía, que sospecha que Rosell pudo intervenir desde la empresa de obra pública para favorecer la adjudicación de proyectos a compañías que pagaban comisiones a CDC, pedía su encarcelamiento argumentando que hay riesgo de fuga y de que destruya pruebas relevantes para la investigación.

En declaraciones a la prensa, el abogado de Rosell, Andreu Van den Eyden, ha afirmado que la acusaciones contra su cliente se basan en elementos «extraprocesales», como informantes anónimos, por lo que ha celebrado que el juez haya descartado la «desproporcionada» medida planteada por el ministerio público.

El abogado ha afirmado que su satisfacción es «plena» porque la justicia «ha venido a corroborar» lo mantenido por la defensa, que no hay suficiente «material indiciario» que justifique el ingreso en prisión del alto cargo.

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