Los ‘grandes tenedores’ de pisos a los que Sánchez culpa del alquiler caro tienen menos del 5% del parque

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Pisos en alquiler en la Costa del Sol (Foto: iStock)
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El problema del acceso a la vivienda de muchas familias en España es uno de los pilares del discurso de Podemos y el Gobierno quiere recoger el guante en sus próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pese a que el origen de este problema está ligado a que los salarios no se han recuperado al mismo ritmo que la economía por problemas relacionados con la productividad y competitividad del país, PSOE y Podemos han optado por culpar a los “grandes tenedores” de vivienda de los estragos de muchos españoles para acceder a una vivienda.

Sin embargo, el parque residencial que está en manos de esos grandes tenedores (entendiendo por tales aquellos que tienen más de 50 inmuebles en propiedad) no llega al 5%, según las estadísticas que maneja el sector inmobiliario. Esto significa que los “especuladores” -como califica el documento pactado entre Sánchez e Iglesias a los propietarios de viviendas en alquiler- son los españoles que han invertido en vivienda para alquilarla.

España es un país de propietarios. De hecho, el 84% de los españoles tiene una vivienda en propiedad, según el estudio de Fotocasa Radiografía del mercado de la vivienda 2016-2017. Una estimación que coincide con las que manejan otros estudios similares.

Esa afición a la compra de una vivienda hace que el porcentaje de casas en manos de fondos de inversión (a los que el acuerdo de borrador de Presupuestos califica como “fondos buitre”), aseguradoras, fondos soberanos, Socimis, bancos y otros gestores profesionales de vivienda sea muy inferior en España a otros países europeos, como Reino Unido, donde ronda el 40%, o Francia, donde es del 38%.

En este contexto, medidas como la extensión de los contratos hasta siete años de prórroga obligatoria o la posibilidad de que los ayuntamientos bajen el precio de los alquileres repercutirá sobre todo en pequeños propietarios que han invertido sus ahorros en alquileres, una inversión que reporta una rentabilidad de entre el 5 y 6% al año, frente a los depósitos que prácticamente no rentan nada.

Otras medidas contempladas en el borrador que el Ejecutivo quiere mandar a Bruselas tendrán una aplicación residual al dirigirse solo a esos “grandes tenedores”. Se trata de medidas como la obligación de que sea el arrendador quien sufrague los “gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato”.

Un problema de Madrid y Barcelona

El documento obvia que el problema del acceso a la vivienda se localiza sólo en las grandes ciudades. En concreto, en Madrid y Barcelona. El éxito de estas capitales como destino favorito de estudiantes Erasmus, unido a las migraciones a los núcleos urbanos una vez concluida la crisis y el éxito de plataformas como Airbnb han sido determinantes para la subida de los precios.

Sin embargo, hay otros factores importantes que son menos señalados. Entre otros, que el precio de la vivienda en alquiler entre 2008 y 2016 se mantuvo prácticamente estancado -con años en los que incluso registró ligeras caídas- y ahora ha registrado de golpe toda la subida no ejecutada en esos años en los que la inflación ha subido en conjunto por encima del 11%.

El problema es que las rentas no han evolucionado a la par. La caída de los salarios y el alto desempleo son factores mucho más determinantes que el papel que juegan los grandes fondos en España para el problema del acceso a la vivienda.

En este contexto, el proyecto de Presupuesto se dispone a incrementar el presupuesto en materia de vivienda hasta 630 millones de euros con el objetivo de llegar a 1.000 millones de euros en 2021, esto es, ya en la próxima legislatura. No obstante, no aclara si con ese dinero se va a construir vivienda pública o se va a subvencionar el alquiler.

Las CCAA rechazaron pisos de Sareb

El documento pactado entre PSOE y Podemos señala también a Sareb como actor necesario para solucionar el problema de la vivienda en España. En concreto anuncia un plan de actuación del ‘banco malo’ para “garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales”.

Olvida el documento que Sareb ya puso a disposición de las comunidades autónomas un lote de pisos y más de 1.600 se quedaron sin adjudicar porque las Administraciones no los quisieron. Y es que en Madrid y Barcelona todo está colocado, pero en el resto de España hay un problema de demanda que hace que buena parte de los inmuebles tóxicos que adquirió Sareb se encuentren entre Almería y Valencia o en un porcentaje menor, entre Estepona (Málaga) y Sotogrande (Cádiz).

 

 

 

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