Vivienda

La simpatía de Colau con las okupaciones ilegales es condenada por más del 50% de los barceloneses

Ada Colau
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Foto: Efe)
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Ada Colau, alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona, siempre ha manifestado simpatía por el movimiento okupa en la Ciudad Condal. De hecho, en 2017 la okupación de viviendas de manera ilegal por parte de este colectivo se ha disparado cerca de un 70%, según cifras del propio consistorio. Por ello, más del 50% de los barceloneses están descontentos con la permisividad de la edil de Barcelona en Comú (BComú) con los okupas, según una encuesta elaborada por GESOP.

Concretamente, el 52% de los ciudadanos de la Ciudad Condal no está contento ni aprueba la permisividad que Colau muestra con las okupaciones ilegales. Son datos que arroja una encuesta de GESOP elaborada entre el 9 y el 21 de octubre entre los barceloneses.

Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, pues fueron requeridos en su momento por el PP de Barcelona, la okupación ilegal ha subido en los seis primeros meses de 2017 casi un 70%. Concretamente, han ascendido de 642 a más de 1.000 en solamente medio año.

La situación de okupación ilegal de viviendas y edificios públicos en Barcelona ha sido denunciada en varias ocasiones por la oposición con el PP a la cabeza. El popular Alberto Fernández pide que se ponga “fin y freno a okupaciones ilegales y mafias que viven de la explotación del acceso a la vivienda de muchas familias en Barcelona”.

Los datos de la encuesta se presentan curiosamente en Can Vies (Sants), un lugar de permanente okupación ilegal por parte de este colectivo, aunque desde 2010 hay un acuerdo para urbanizar la zona.

Por ello, Fernández pide derribar el edificio para mejorar la zona de Sants “que actualmente tiene pendiente de finalizar la 3ª fase de obras por mantenerse todavía en pie la edificación de Can Vies por parte del consistorio”.

Otras de las zonas okupadas de titularidad municipal son las de Transformadors, la antigua comisaria de Gràcia o Robadors 43. Este último edificio que debía acoger principalmente vivienda social y que fue okupado con el apoyo de la CUP.

En cuanto a los edificios privados, destacan las okupaciones ilegales de Tres Lliris. Es más, el gobierno municipal llegó a un acuerdo a principios de año con este movimiento okupa para que usaran durante cuatro años la antigua comisaría de Policía de Lesseps que llevaban ocupándola ilegalmente desde 2015.

El acuerdo era confirmado por el concejal Eloi Badia y lo tildaba de “buena noticia”, pues defendía que tenían un objetivo común: “Disponer de un casal de jóvenes en Gràcia”. La única exigencia al movimiento okupa era el de realizar obras de mejora en la estructura del edificio. Además, según admitió el propio equipo de Colau, el consistorio llegó a abonar la factura eléctrica de más de 10.000 euros para que el colectivo celebrara sus festejos en las fiestas de Gràcia.

Una rúbrica que en su momento el PP tildó de “vergonzosa” y una “burla” a los centenares de asociaciones que pagan el alquiler para llevar a cabo su actividad.

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