Colau gasta 500.000 € en seguridad privada para que los okupas no invadan viviendas públicas vacías

El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, ha gastado más de medio millón de dinero público en seguridad privada para evitar que el movimiento ‘okupa’ se instale en las viviendas públicas vacías en la ciudad condal. El Consistorio tiene varias facturas de 2016 a las empresas privadas Ombuds Compañía de Seguridad y Sequor Seguridad.

En concreto, el Gobierno municipal de Barcelona en Comú ha destinado 515.683 euros a la protección de las viviendas públicas barcelonesas para evitar que sean habitados por ‘okupas’. Hay un total de ocho promociones de pisos vigilados entre los que destacan Rodalies, La Clota, Les Vores del Cinturó, Avenida Vallcarca, Bon Pastor III o Almogavers 2019.

Las compañías contratadas por Ada Colau para llevar a cabo la vigilancia de estos inmuebles, y no sean ocupados por el movimiento ‘okupa’ de Barcelona, han sido privadas Ombuds Compañía de Seguridad y Sequor Seguridad. En total hay 14 facturas de pago a cargo de la Cuenta General de 2016 del Ayuntamiento de Barcelona, trece de ellas a Ombuds y solo una de ellas a Sequor que pertenece a los servicios del mes de mayo.

Alberto Fernández, líder del PP en Barcelona, ha acusado a la alcaldesa de tener “doble moral” y asegura que “dice abanderar las políticas sociales de la vivienda pública, pero en lugar de adjudicar las viviendas vacías, paga a empresas privadas para que las vigilen. Además, cree que la “ineptitud del Gobierno municipal en los procesos de adjudicación de viviendas conllevan al consistorio un gasto de miles de euros en seguridad privada”.

El popular insiste, además, en la necesidad de “promocionar la vivienda protegida, adecuándola a la demanda ciudadana, en su mayoría de alquiler social, porque de lo contrario se acumulan pisos vacíos que no solo no cumplen con su objetivo social, sino que, además, suponen un sobrecoste de mantenimiento y seguridad privada”.

Se trata de una curiosa situación en Barcelona, sobre todo porque a finales de marzo, y según las propias cifras del Ayuntamiento de Barcelona, las ‘okupaciones’ ilegales en la ciudad se habían incrementado un 66% en solo seis meses. El equipo de Ada Colau ha confirmado en una respuesta municipal que las ocupaciones han pasado de 642 a 1.065 en solo medio año, de finales de 2015 a julio de 2016.