El sector inmobiliario con PSOE-Podemos: menos oferta, precios más caros e inversiones paralizadas

«Con mucha preocupación». Así ha recibido el sector inmobiliario el acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos. Las medidas que las formaciones incluyeron en sus programas electorales del 10-N pasan por intervenir el mercado del alquiler, ceder de forma obligatoria las viviendas vacías de los grandes tenedores, potenciar el alquiler de la vivienda social o crear una nueva ley estatal de vivienda.

La propuesta que más preocupación ha despertado en el sector es la de intervenir el mercado del alquiler. Según la formación liderada por Pablo Iglesias, su objetivo es «impedir subidas abusivas mediante el control de precios, y garantizar un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias». Sin embargo, los expertos creen que conseguirá justo el efecto contrario: se traducirá en una subida de precios, menos oferta e inversiones paralizadas.

Otros expertos consultados por OKDIARIO advierten de que la intervención del Gobierno en el mercado del alquiler supondrá «mayor inseguridad» y «fomentará la economía sumergida». Además, recuerdan que “intervenir una propiedad consolidada es algo que no solo choca con el derecho de propiedad y el Código Civil, sino que afecta a todos los principios legales y también a la normativa europea que apuesta por el libre mercado».

El partido de Pablo Iglesias también propone blindar el derecho a la vivienda en la Constitución o terminar con las fondos «por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación». Según ha repetido el líder de Podemos, los fondos son las responsables de la burbuja del alquiler, una acusación que los expertos recuerda que no es cierta, puesto que los fondos solo poseen el 4% de los pisos del mercado. Las propuestas de Podemos «van en la dirección incorrecta, se basan en un análisis erróneo del sector inmobiliario», dicen a OKDIARIO fuentes del sector.

Ley Arrendamientos Urbanos

PSOE y Podemos vivieron uno de sus grandes desencuentros legislativos en materia de vivienda a cuenta de la Ley de Arrendamientos Urbanos. La formación morada votó en contra de la convalidación del decreto impulsado por el grupo socialista el pasado mes de enero por considerarla insuficiente.

La medida finalmente salió adelante ampliando a cinco o siete años los contratos de alquiler y limitado al IPC las posibles subidas anuales. Podemos reclamaba un tope para las subidas entre contrato y contrato, y entre otras cosas, permitir que los ayuntamientos pudieran limitar el precio de los alquileres, algo que su ahora socio de Gobierno no consintió.