Sánchez no tiene prisa ahora en aprobar medidas sociales: «Tenemos las autonómicas encima»

Dos días después de ganar con claridad esos comicios, el Gobierno pide ahora calma para iniciar las negociaciones y cerrar los apoyos necesarios para empezar a gobernar cuanto antes. «Hay tiempo», ha dicho la ministra portavoz, Isabel Celáa, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros este martes.

La ministra portavoz ha explicado que la intención del Gobierno es que el periodo de tiempo en funciones sea lo más corto posible. «Hay muchas cosas por hacer y queremos aprovechar la bonanza económica para redistribuir. No podemos esperar mucho… Pero ustedes comprenderán que tenemos las elecciones autonómicas encima…», ha señalado la ministra.

Celáa ha explicado que la intención del Gobierno no es que este periodo de interinidad se prolongue «diez meses», en referencia a la etapa de Mariano Rajoy en funciones, pero ha antepuesto la celebración de las autonómicas, dentro de un mes, a cerrar cuanto antes un pacto.

Esto mismo ya se había apuntado el mismo lunes, después de los comicios, por dirigentes socialistas. El motivo, de nuevo, es estratégico políticamente hablando: cerrar un pacto antes de los comicios afectaría al resultado del 26 de mayo. El 21 de mayo tienen que constituirse las cámaras, algo que se reduce al nombramiento de los presidentes del Congreso y del Senado y a la constitución de las mesas. Esto solo servirá «para dar pistas», como ha señalado la ministra portavoz.

Baja el pan 

Por lo tanto, el Gobierno no tiene prisa. Ahora. Nada que ver con la frenética actividad de los llamados ‘viernes sociales’ previos a la cita electoral. Sánchez aseguró que gobernaría «hasta el último minuto» y, en efecto, dos días antes de las elecciones aprobó una rebaja del IVA del pan, incrementó la lista de medicamentos incluidos en el Sistema Nacional de Salud, y dio luz verde a que los creadores pudieran compaginar la pensión con sus ingresos habituales.

En viernes anteriores rebajó a 52 años la edad para tener derecho a la prestación de parados de larga duración -anteriormente en 55 años-, y aumentó las subvenciones para familias en riesgo de pobreza.