La patronal pide al próximo Gobierno que baje los impuestos a las empresas y controle el gasto público

La patronal pide al Gobierno que salga de las urnas el 10 de noviembre que baje los impuestos, especialmente a las empresas, y que controle el gasto público para evitar un incremento de la deuda. Así lo refleja la CEOE en un documento hecho público este martes con sus propuestas de cara a esos comicios.

La organización que preside Antonio Garamendi considera que la presión fiscal que sufren las empresas en España es superior a la media de la Unión Europea, «siendo especialmente gravosa en lo relativo al Impuesto sobre Sociedades y a las cotizaciones sociales a cargo de la empresa», señala la patronal.

«La presión fiscal empresarial en España supone el 10,5% del PIB frente al 9,3% del promedio de la UE. De hecho, la proporción de la recaudación total procedente de las empresas en España es superior al promedio de la UE: 30,4% frente al 26,2%», asegura. 

Por eso, la patronal «desaconseja» nuevas subidas de impuestos, como propone el PSOE y el resto de partidos de izquierda, «especialmente a las empresas». La patronal pide también eliminar el Impuesto sobre Patrimonio y reducir el Impuesto de Sucesiones y Patrimonio, «que alcanza niveles excesivos en algunas Comunidades Autónomas». 

Control del gasto

Además, la patronal considera básico que se controle el gasto público debido al incremento de la deuda en los últimos años, que ya alcanza el 99% del PIB. La solución para la CEOE pasa por evitar subidas adicionales del gasto público estructural. «Además, se deberían incorporar criterios de racionalidad, disciplina presupuestaria y de evaluación continua para mejorar la eficiencia del gasto público de las Administraciones Públicas», destaca.

Señala también la patronal la importancia de la economía sumergida en España, que resta competitividad a la economía nacional y supone un «lastre» para las compañías que cumplen sus obligaciones tributarias frente a las que no las cumplen.

Por último, la patronal hace hincapié en armonizar las leyes para alcanzar un mercado único nacional y europeo. Las trabas burocráticas de las diferentes administraciones suponen un freno al desarrollo empresarial. «Es necesario un impulso renovado de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado para garantizar a nuestros ciudadanos y empresas la posibilidad de funcionar con iguales requerimientos con independencia del lugar de España en el que radiquen», propone la patronal.