Año electoral: Sánchez dedicará 2.770 millones a gasto social en 2019 incluso sin Presupuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja cada vez más convencido de que tendrá que prorrogar los Presupuestos aprobados por el PP. Aunque son los ministros los que dicen que no desisten en el ‘plan A’, que consiste en lograr los consensos necesarios para sacar adelante sus cuentas, lo cierto es que estas alianzas están cada vez más lejos. Sin embargo, eso no va a evitar que a golpe de real decreto ley el Gobierno socialista las saque adelante. Todas ellas, las que más titulares han copado, suman 2.770 millones de euros.

Con o sin nueva senda de déficit, el Ejecutivo no renunciará, dice, a equiparar las pensiones al IPC real, subir las mínimas, establecer una partida de 426 euros al mes a los parados de 52 años de larga duración, las ayudas a la dependencia, el Plan de vivienda ó subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros al mes. Según el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con o sin Presupuestos van a intentar sacar estas medidas porque son “urgentes e inaplazables» y van enmarcadas en la agenda social del Gobierno.

No obstante, la verdadera pregunta es si dentro de esa agenda social caben todas las partidas destinadas a la inversión ó si Sánchez estará dispuesto a ‘sacrificar’ algunas carpetas de gasto por sus medidas y ‘líneas rojas’ sociales.

Indexar la pensión de jubilación al IPC real supondrá un gasto de 735 millones de euros, mientras que elevar la prestación mínima y no contributivas (que subirán un 3 % en 2019) tendrá un impacto presupuestario de 384 millones de euros.

El incremento que experimentará el salario mínimo interprofesional en 2019 a 900 euros mensuales (actualmente situado en los 850 euros al mes) supondrá una partida de 340 millones de euros. Una subida que el Gobierno podrá hacer por Real Decreto pese a las contradicciones y la repercusión que un aumento brusco puede tener sobre el empleo.

Elevar el permiso de paternidad de cinco semanas a ocho en 2019, y así progresivamente hasta 16 semanas en 2021 de forma intransferible. Una medida que el pasado mes de octubre la ministra de Política Territorial y de Función Pública, Meritxell Batet, firmó con los funcionarios. Ellos serán los primeros en disfrutar de este permiso y contará con 300 millones de euros.

Las nuevas cuentas públicas establecen un aumento presupuestario para un Plan estatal de vivienda con mayor protección a los inquilinos y la posibilidad de que los ayuntamientos regulen los precios del alquiler. Esta partida contempla 173 millones de euros según el texto sellado entre Podemos y el Gobierno y remitido a Bruselas.

Otras de las ‘líneas rojas’ del discurso del Gobierno son las ayudas a la dependencia. Este subsidio alcanza los 300 millones de euros. En total, las principales medidas de la agenda social del Gabinete de Sánchez suman 2.770 millones. Unas medidas que verían la luz a golpe de decreto.