Trabajo digno

El Gobierno quiere ampliar las obligaciones de las empresas regulando por ley la “dignidad” del trabajo

Sánchez hace un guiño al electorado con la conciliación y el derecho a desconectar

La medida encarecería los costes laborales en un momento de cambio de ciclo

Moncloa sabe que otros partidos tendrán difícil oponerse a esta reforma

Magdalena Valerio
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo.
Carlos Cuesta

El Gobierno no sólo aumentará los costes de las empresas por la vía impositiva. También los pretende ampliar por medio de nuevas obligaciones sociales.

Entre los puntos que el Gobierno mantiene en su agenda de reformas se encuentra el de regular lo que ya denomina como un avance hacia la “dignidad en el trabajo”: todo un catálogo de nuevas exigencias laborales tanto en materia de conciliación, como de igualdad en materia de género, como de avances hacia nuevos derechos relacionados con el desarrollo tecnológico y materias como el derecho de desconexión del trabajo a través del mail o móvil.

Todo ese paquete de reformas debería englobarse dentro de las reformas que el Gobierno quiere centrar en mejorar el reconocimiento del derecho al trabajo, incluyendo una referencia expresa al derecho a la tutela judicial en caso de despido injustificado y al derecho a la seguridad, salud y dignidad en el trabajo. Todo un plan que, en la estrategia del PSOE, ni tan siquiera acaba en un mero desarrollo legislativo: si la idea inicial es regular con reformas legales esas materias, el objetivo final es conseguir que todo ello figura como nuevos derechos sociales dentro de una pretendida reforma constitucional.

El propio Pedro Sánchez ha hablado de ello ante el partido. Y ha recordado que ya en el pasado Primero de Mayo, él planteó una reforma del estatuto de los trabajadores para elevar las obligaciones empresariales en materia de derechos y sueldos «dignos». «Dignidad e igualdad a cambio de la actual precariedad de muchos trabajadores. Esa es la propuesta que queremos reivindicar», señaló por aquellas fechas el líder socialista y ahora presidente del Gobierno.

De este modo, el Gobierno pretende abordar una reforma que regule la evolución de los salarios y de las condiciones laborales dentro de las empresas privadas. Una reforma que pueda ofrecer a su electorado como el intento máximo por acabar con la precariedad.

La creación de empleo se resiente

Pero el plan de los socialistas tendrá un poderoso obstáculo en su camino. La desaceleración económica ya ha comenzado. Y la evolución del ritmo de creación de empleo no es ya la de hace meses.

Y en medio de ese proceso un avance hacia el encarecimiento de los derechos laborales puede terminar de acelerar una caída y pérdida de competitividad de las compañías españolas. En el Ministerio lo saben, pese a que la presión político es fuerte para abordar una norma de esas características.

De hecho, son conscientes de que en esa materia sí contarían con el respaldo de Podemos y de ERC. Y dependiendo de cómo se redactase podría poner en serios aprietos a otras formaciones para decir no a la reforma.

El PSOE observa por eso la evolución de algunos de los últimos cambios normativos en ese sentido. La subida del sueldo no es el punto más complejo en esta materia. Y es que una paulatina subida del salario mínimo interprofesional serviría para demostrar que ese punto está atendido desde la agenda gubernamental.

El experimento francés

Pero otros asuntos son más complejos, como el de la desconexión digital. Y en esa materia países como Francia ya han avanzado claramente. Allí, el 1 de enero de 2017 entró en vigor el derecho a la desconexión digital del trabajador con su empresa una vez finalizada la jornada laboral.

El contenido de esa reforma, por ejemplo, se basaba, en la regulación del pleno derecho del trabajador a la desconexión y la puesta en marcha por la empresa de dispositivos de regulación de la utilización de los dispositivos digitales con el fin de poder demostrar que los tiempos de descanso de la plantilla se cumplen.

Se trata simplemente de un ejemplo. Porque la idea es trasladar todo un catálogo de mejoras sociales que vender a sus colectivos de voto. Aunque con ello, el coste de las empresas, evidentemente pueda dispararse.

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