El Gobierno acepta incluir deducciones fiscales a las empresas para salvar la ley de los planes de pensiones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aceptado aplicar incentivos en las aportaciones de las empresas a los planes de pensiones como pedían PP y Ciudadanos a cambio de sumar el apoyo de estos dos partidos a la ley que está preparando el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Los socios del Gobierno no aceptan la ley de Escrivá y el Gobierno corría el riesgo de perder esta votación en el Congreso, por lo que el Ejecutivo ha preferido finalmente aceptar parte de las enmiendas de PP y Ciudadanos al texto.

Sin embargo, en el PP descartan de momento que haya un acuerdo definitivo sobre este asunto con el PSOE. «Nosotros hemos presentado 18 enmiendas y nos ha llegado el mensaje de que el Gobierno aceptaba una, la 41, que hace referencia a los incentivos fiscales en el Impuesto de Sociedades por las aportaciones a los planes de pensiones. Pero no sabemos más y hay otras enmiendas que para nosotros son imprescindibles para apoyar la ley», explican fuentes del PP.

En concreto se trata de la enmienda 37, que hace referencia a que se pueda aportar más de 1.500 euros a los planes privados de pensiones, límite impuesto por el Gobierno. «Estamos dispuestos a negociar, pero ahora mismo, aunque nos ha llegado el mensaje de que aceptan la 41, no hay acuerdo», señala.

Por su parte, desde Ciudadanos han señalado que gracias a sus enmiendas, el Gobierno había rectificado la ley, dándolo ya por seguro. «Cs ha conseguido que el Gobierno rectifique con los planes de pensiones de empleo. Gracias al trabajo del GPCs, la idea inicial de Podemos de no incluir deducciones fiscales a las empresas no se llevará a cabo y la norma final será mucho más liberal. Las propuestas del partido liberal para que las empresas que creen planes para sus trabajadores tengan incentivos fiscales y que se despolitice el fondo eliminando el derecho a veto en las inversiones que existe ahora mismo serán una realidad», han explicado.

Escrivá quiere con esta norma que los trabajadores tengan un plan de pensiones de las empresas donde trabajan y que en conjunto alcance los 100.000 millones de euros. Es una forma de impulsar este tipo de planes de pensiones, hasta ahora infrautilizados, con el objetivo de que los ciudadanos tengan un complemento a sus pensiones en el futuro, ante el riesgo de que el sistema público no pueda garantizar una pensión alta para los nuevos jubilados.

Escrivá se ha comprometido con Bruselas a tener la ley aprobada antes del 30 de junio como parte de los hitos para recibir los fondos europeos. El Gobierno sólo cuenta con el apoyo de Podemos y PNV, ya que sus socios de izquierdas, ERC, Bildu y Compromís, habían pedido la retirada total del texto en el Congreso.