FG, presidente de honor de BBVA, pleitea con Hacienda por una deducción fiscal de 20.000 euros

La disputa entre Francisco González y la Agencia Tributaria asciende a apenas 20.000 euros. Según explica el directivo en la Memoria de 2017 de su empresa familiar, firmada en junio de 2018 por Francisco González y María del Carmen Ordóñez, Hacienda limita a algo menos de 20.000 euros la deducción fiscal por doble imposición.

La empresa Marmassen Inversiones SL, que tiene una filial en México, «entiende que el importe pendiente de deducción por doble imposición internacional debería ser 41.822, 15 euros». «Por esta diferencia se ha interpuesto una reclamación económico-administrativa ante el TEAR que está pendiente de resolución», explica la compañía en su informe anual, como se puede ver en la imagen.

Las deducciones por doble imposición internacional están permitidas por la ley y tratan de evitar que una misma renta sea gravada por dos países diferentes. En este caso, González estima que la deducción debería ser superior a la que le marca la Hacienda española y ha iniciado un pleito con el fisco español para deducirse esos 20.000 euros. Fuentes de Hacienda han asegurado a este diario que no hacen comentarios sobre clientes concretos y el BBVA ha preferido no hacer declaraciones.

Marmassen Invesiones tiene unos activos de 4,7 millones de euros y las cuentas están firmadas por González como administrador solidario y por su mujer. La actividad de la empresa es la adquisición, tenencia y venta de fincas rústicas y urbanas, y la compra, venta, y tenencia de valores por cuenta propia y administración de patrimonios. No es la empresa a través de la que González tiene su participación en BBVA, que es Belegar Inversiones SL.

80 millones

González ha finalizado este 31 de diciembre su andadura como presidente de BBVA tras 18 años en el cargo y cobrar una indemnización del banco cercana a 80 millones de euros. Ahora se mantiene como presidente de honor de la entidad mientras el nuevo presidente, Carlos Torres, designado por González, decide si le cesa de su cargo honorífico por las recientes revelaciones sobre su espionaje masivo.

Según informaciones de varios medios, González contrató en 2004 a las empresas del ex comisario Villarejo -ahora en prisión preventiva- para que realizara escuchas y seguimientos a miembros del entonces Gobierno socialista, a directivos del regulador de los mercados, a presidentes de empresas del Ibex, a periodistas y hasta al Rey Juan Carlos como parte de su estrategia de defensa de la OPA lanzada en 2004 por la constructora Sacyr -finalmente fracasada-.

Se da la circunstancia de que González ordenó este espionaje mientras incumplía el Reglamento de Consejo de Administración del banco, que obliga a comunicar hechos que puedan dañar a la reputación del banco, y el Código Ético del banco que él mismo impuso a todos los empleados en 2004. Además, el banco aseguraba a la CNMV año tras año que «cumplía» con todos los Códigos del Buen Gobierno corporativo, algo que no era así.