La sociedad de Benjumea demanda a Santander y HSBC por hacerles perder 1.000 millones con Abengoa

Inversión Corporativa (IC) -junto a Finarpisa y Ardachón- demanda a Banco Santander y HSBC por causar un daño patrimonial superior a los 1.000 millones de euros por la crisis de Abengoa. Es la conclusión a la que llega la sociedad que controla Felipe Benjumea tras un análisis en profundidad que, durante tres meses, peritos extranjeros y nacionales de las firmas Brattle y Accuracy han llevado a cabo para estudiar y cuantificar el daño causado por la actuación de las entidades financieras en el transcurso de la operación de ampliación de capital que la firma sevillana tenía intención de acometer en septiembre de 2015, y que provocó un colapso de liquidez a la compañía abocándola a acogerse al preconcurso de acreedores.

«Según consta en el Hecho Probado tercero de la sentencia firme de 11 de enero de 2018 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 14 de septiembre de 2015, el mismo día en el que iba a procederse a la firma de la carta compromiso de aseguramiento de la ampliación de capital de 650 millones de euros que Abengoa anunció el 3 de agosto de 2015, Banco Santander impuso de manera novedosa y sorpresiva para firmar la operación el cese del Presidente ejecutivo, Felipe Benjumea, y su salida del Consejo de Administración», explican desde Inversión Corporativa.

«La condición desconocida inicialmente por HSBC el día de la firma, aunque posteriormente consentida según consta en la citada sentencia, impidió la firma de la carta compromiso de aseguramiento, pues HSBC debía volver a someter nuevamente a su comité de riesgos la aprobación de la operación con un presidente distinto», señalan desde la sociedad que controla Felipe Benjumea. Estas actuaciones lanzaron a los operadores financieros, consultores, asesores y al mercado en general, un mensaje en contra de la situación financiera de Abengoa. Este mensaje injustificado generó una oleada de especulación e incertidumbre y la total pérdida de confianza en la sociedad que impidió la operación.

«Cuando, el 23 de septiembre de 2015, se firmó la carta y Felipe Benjumea fue cesado, hecho que aumentó la especulación y la incertidumbre creada el 14 de septiembre ante la imposibilidad de justificar la salida del presidente, la compañía había traspasado el punto de no retorno, sufriendo cancelaciones de líneas de liquidez, impidiendo que la operación se pudiera presentar al mercado y debilitando la liquidez de la sociedad hasta que no pudo atender sus obligaciones financieras y entró en proceso de preconcurso el 25 de noviembre de 2015», continúan desde Inversión Corporativa.

Inversión Corporativa, Finarpisa y Ardachón han sufrido, de este modo, una pérdida patrimonial superior a los 1.000 millones de euros, además de dejar de ser el accionista mayoritario de referencia. Su 51,35% de representación política en la sociedad se ha diluido hasta el 2,9% actual. Las demandas, según ha podido confirmar OKDIARIO, han sido interpuestas ante los juzgados de primera instancia de Madrid por los despachos DeCarlos Remón y Ureña, Abogados, liderados por Álvaro Remón y Pablo Ureña respectivamente.