El 1-O tumbó a Unipost: la Generalitat les debe más de un millón que permitiría evitar la liquidación

La empresa de mensajería Unipost se encuentra en concurso de acreedores, pero su suerte podría cambiar si sus acreedores pagasen sus deudas. Uno de ellos es la Generalitat, que según fuentes conocedoras debe más de un millón de euros a la compañía, que podrían servir, perfectamente, para al menos paralizar el proceso de liquidación en el que se encuentra inmersa.

Un año después de la entrada y registro de la Guardia Civil a sus instalaciones en busca de material para el referéndum ilegal del 1 de octubre, la situación de la empresa no avanza. En sus almacenes se encontró el censo y papeletas que iban a ser utilizadas para la votación. Todo ello, por un encargo del Govern de Carles Puigdemont de aproximadamente un millón de euros, que a día de hoy todavía no han cobrado, tal y como han confirmado a este periódico fuentes conocedoras.

Este impago, que supondría una nueva prueba evidente de la malversación por la que serán juzgados varios cargos del anterior gobierno catalán, ha llevado a la empresa a presentar concurso de acreedores, por falta de liquidez y por no pagar a sus trabajadores y proveedores. Hasta el punto de que, según ha podido saber OKDIARIO, el administrador concursal les ha pedido la previsión real de cobrar esos trabajos realizados para la Generalitat, con el fin de liquidar las deudas que acarrea con ese importe.

La Generalitat de Cataluña, de hecho, ha recibido un requerimiento del despacho de abogados que lleva la administración concursal de Unipost para que reconozcan la deuda que contraen con la empresa de más de un millón de euros, según fuentes conocedoras, de trabajos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O.

El despacho de abogados Jausas, que lleva Unipost, ha exigido a la Generalitat conocer “las órdenes de pedido, albaranes, facturas, anulación de facturas, abonos o cualquier documentación contable relativa” de unas seis facturas valoradas en casi un millón de euros. El despacho, tal y como ha confirmado a este periódico, ha dado 72 horas de plazo a la Generalitat para que responda. Fuentes de la Generalitat consultadas por este periódico dicen desconocer la deuda con la empresa, aunque apuntan que «habrá que confirmarlo».

Polémica

La llamada anónima de un hombre que se identificó como “responsable de Unipost “permitió a la Guardia Civil intervenir cerca de 45.000 tarjetas censales que la Generalitat de Cataluña planeaba enviar para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, según consta en el sumario del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

En concreto, el hombre llamó al cuartel de la Guardia Civil en Barcelona a las 10:30 horas del 18 de septiembre de 2017 e identificándose como responsable de Unipost, advirtió de que la central de la empresa en el Polígono Gran Sur de Hospitalet de Llobregat esperaba recibir esa misma madrugada un envío de 15.000 sobres certificados para su distribución inmediata con acuse de recibo cuyo remitente sería la Generalitat de Cataluña.

Asimismo, informó a los agentes de que dos días después, se esperaba la llegada a la misma central de 3,5 millones de sobres para reparto ordinario cuyo remitente, como en el caso anterior, sería la Generalitat de Cataluña y que contendrían tarjetas censales para el referéndum.

Según pudo comprobar la Guardia Civil, Unipost, presidida por Antón Raventós, estaba vinculada a la Generalitat de Cataluña porque era una de las adjudicatarias que se encargaban del correo postal de este organismo. De hecho, la empresa ya fue llamada a declarar por su participación en el suministro de material electoral en la consulta del 9 de noviembre sobre la independencia de Cataluña.