Las eléctricas ante la declaración de guerra de Sánchez-Iglesias: «Acabaremos en los tribunales»

Las compañías eléctricas admiten en privado que las medidas incluidas en el pacto de los Presupuestos de 2019 entre Gobierno y Podemos referidas al sector suponen un auténtico golpe al futuro de su negocio. «No pinta bien», dicen desde una de las grandes. Aunque prefieren esperar a analizar detenidamente el documento y, sobre todo, a que se desarrollen las medidas negro sobre blanco en una ley, la primera reacción es contundente: «Acabaremos en los tribunales».

«Nos parece muy bien que haya un bono social, no estamos en contra de eso, pero lo que no puede ser es que lo paguemos las empresas», explican desde una compañía de sector.

«Es una locura porque ya existe jurisprudencia en España sobre eso. El Tribunal Supremo ha dictado ya varias sentencias a favor de las compañías sobre el bono social. Hemos recurrido todas sistemáticamente y nos han dado la razón», insisten.

«Así que si insisten en esto luego cuando se apruebe en una ley acabaremos todos en los tribunales», advierten desde una de las grandes. «Porque no solo va contra las sentencias en España. Es que las sentencias en España recuerdan que el pago por las compañías del bono social va en contra del espíritu de las normas europeas que regulan el mercado interior de electricidad», aseguran. En concreto, explican, de la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

El Tribunal Supremo declaró nulo el sistema de financiación del bono social aprobado en el Real Decreto de 2014 y obligó al Estado a indemnizar a las empresas por las cantidades pagadas en concepto de este bono social.

En el acuerdo firmado este jueves por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, líderes de PSOE y Podemos respectivamente, incluye la creación de un bono social eléctrico y gasístico para las familias más necesitadas que pagarán íntegramente las compañías. «Sea financiado íntegramente por todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación», dice exactamente el texto.

Además, el documento señala que desde el Gobierno se fomentarán las comercializadoras municipales, lo que abrirá el mercado a que empresas públicas de los consistorios compitan con las empresas privadas. Esto tiene el riesgo de que la comercializadora pública ‘tire’ los precios y pueda ser acusado por las privadas de competencia desleal. De nuevo, se abre la puerta a numerosas demandas.

Cambio en la retribución

Otro de los aspectos más polémicos, que pone patas arriba la Ley del Sector Eléctrico en vigor, es la intención del Gobierno y Podemos de reducir el precio que se paga por determinados tipos de energía en el pool eléctrico. Se trata de energías, como la nuclear o la hidráulica, que son las más baratas, se pagan a un precio muy alto al ser las últimas que entran en el pool. El Gobierno quiere que se pague menos por este tipo de energía y acabar con «los beneficios caídos del cielo», dice el texto, de las eléctricas.

Fuentes de las eléctricas auguran también una larga batalla judicial en caso de que finalmente se apruebe. «No caben propuestas que penalicen las energías libres de emisiones porque son medidas contrarias a la normativa de la UE y se generaría una nueva judiciliación del sector», aseguran desde una de las grandes.

En opinión de las empresas, las centrales nucleares y las hidroeléctricas no están amortizadas y están tan sobrecargadas de impuestos «que no son viables». En el caso de las hidroeléctricas hay una amortización contable por recuperar de más de 7.000 millones de euros, lo que representa una vida útil restante de 30 años.

En definitiva, se avecina una avalancha de denuncias por parte del sector si el Gobierno sigue adelante con las medidas pactadas con Podemos.