Bruselas desmantela el errático modelo de financiación de Correos

correos
Javier Cuesta Nuin, presidente de Correos presentando el servicio HomePaq. Foto. Correos

La Comisión de la Unión Europea ha exigido a Correos que devuelva 167 millones de euros, por considerar que las subvenciones recibidas entre los años 2004 y 2010 para sufragar el Servicio Postal Universal (SPU) estaban infladas en ese montante y constituyen una ayuda estatal incompatible con las normas europeas de defensa de la competencia.

Cinco años ha tardado Bruselas en emitir el informe sobre la investigación de las cuentas de Correos, tras la denuncia presentada en 2013 por la patronal de paquetería, que sospecha que Correos emplea el dinero del SPU para hacerles la competencia en el envío de paquetes, y la empresa Unipost, competidora de Correos y ya desaparecida. La decisión de la Comisión supone en la práctica el desmantelamiento del modelo de financiación de Correos que, como se sabe, recibe una subvención estatal para sufragar el coste del SPU que permite que la correspondencia postal llegue a cualquier lugar de España.

La decisión de Bruselas saca a la luz el errático sistema que emplea la Administración para cubrir el coste del SPU, lo deja sin valor real, pone en duda el resto de las subvenciones recibidas desde el año 2010 y obliga al Gobierno a adoptar a marchas forzadas un modelo estable de financiación, desconocido hasta ahora.

Correos sigue sin saber cuál es el coste real de cobertura del Servicio Postal Universal que el Estado le tiene encomendado y esa circunstancia, que se mantiene desde que en 2010 se aprobara la actual Ley Postal, hace que su situación  no dispone de un procedimiento que determine los costes reales asociados a la cobertura del servicio universal se mantenga en un estado de permanente caos  al ser imposible determinar la cuantía que debe aportar todos los años la Administración para cubrir el SPU y se presupuesten cantidades estimativas para cubrir el déficit acumulado.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se asigna a Correos una subvención estatal de 120 millones de euros; cifra similar a la del año anterior. En 2016 y 2015 la subvención fue de 180 millones de euros cada año; pero en 2014 subió  a la astronómica cifra de 518 millones y un año antes la cifra fue de 318 millones. Entre 2011 y 2018 la Administración ha aportado 1.160 millones de euros para la cobertura del Servicio Postal Universal, pero sigue sin saber lo que de verdad cuesta enviar una carta de un punto a otro del territorio.

Las cantidades incluidas en los Presupuestos para Correos se fijan casi  a ojo de un año para otro, lo que origina esos saltos sin sentido en el montante de las aportaciones. Esa asignación errática es la que ahora desmantela Bruselas.

No sólo Bruselas denuncia esta situación caótica. La CNMV ya ha pedido reiteradas veces que Correos ponga en marcha un sistema de contabilidad analítica eficaz que permita determinar el coste efectivo de cada servicio. El Tribunal de Cuentas ha instado en su último informe de evaluación al Gobierno a que “de una vez por todas” apruebe un Plan de Prestación del Servicio Postal Universal que contenga las condiciones de la prestación, los criterios técnicos y el procedimiento para determinar el coste del SPU y su forma de financiación y los criterios a tener en cuenta para determinar la contribución del Estado.

Lo último en Economía

Últimas noticias