El sindicato de funcionarios pide profesionalizar los nuevos cargos

El sindicato CSIF exige a Sánchez acabar con los nombramientos políticos en las empresas públicas

Correos empresas publicas
Motocicletas que utilizan los carteros de Correos.
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El relevo en la cúpula de las empresas públicas tiene en vilo a los trabajadores, que permanecen expectantes ante los nuevos nombramientos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, lo tiene claro y exige a Pedro Sánchez acabar con los nombramientos políticos en las empresas públicas.

“Deben respetarse los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Nuestro sindicato demanda acabar con la dinámica que ha convertido a estas empresas en agencias de colocación para los políticos que vienen de paso lo que, a la larga, conducen a problemas, tal y como constata CSIF, cuya solución se eterniza“, explican desde el sindicato.

Y es que, uno de los primeros cambios que se produce con el nuevo Gobierno es el baile de sillas en las empresas de control estatal. Pese a que aún se desconoce si Sánchez mantendrá a alguno de los presidentes actuales y en los sindicatos no hay quinielas, lo cierto es que la lista es larga y hasta once grandes empresas públicas pueden tener importantes cambios.

Cinco cotizadas

Bankia, Aena, Red Eléctrica, Enagás e Indra son las cotizadas del selectivo español que pueden sufrir relevos en sus cúpulas. La entidad financiera, presidida por José Ignacio Goirigolzarri, es la primera de la lista por la mayoritaria participación que posee el Estado -aún tiene el 60,63% del capital social de Bankia- y por el proceso de privatización, que podría verse retrasado con la llegada de Sánchez al poder.

Aena es otro nombre que aparece en el listado, ya que el Estado tiene en sus manos el 51% de su capital social a través de Enaire. El presidente de la compañía depende del Ministerio de Fomento, Jaime García-Legaz, ya prepara su salida de la cotizada.

En el caso de Red Eléctrica, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -dependiente del Ministerio de Hacienda- cuenta con el 20% del capital social de la compañía. Su actual presidente, José Folgado -quien fue secretario de Estado en Economia y Hacienda y en Industria y Energía en las dos legislaturas de Aznar- entró en sustitución de Luis María Atienza (ligado al PSOE) tras la victoria del PP en 2011. Todo apunta a que ocurrirá lo mismo con el cambio de Gobierno.

El porcentaje de participación de la SEPI es similar en el caso de Indra. El organismo adscrito al ministerio de Hacienda ostenta el 18,75% de la compañía, que puede presumir de ser una de las más ajenas a lo que sucede en la Moncloa. El anterior presidente, Javier Monzón, estuvo durante 22 años en el cargo antes de ser sustituido por el actual presidente, Fernando Abril-Martorell.

Enagás, otra de las empresas que forma parte del selectivo nacional y que está presidida por Antonio Llardén, también tiene en su accionariado al SEPI con una participación del 5%. Desde 2012 y hasta la fecha, su consejero delegado es Marcelino Oreja Arburua, hijo de Marcelino Oreja Aguirre, ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de UCD de Adolfo Suarez y primo de Jaime Mayor Oreja, ministro en el gobierno del Partido Popular de Jose María Aznar.

Correos, RTVE y Renfe, entre otras

El listado no termina con las compañías que forman parte del Ibex. Entre las empresas públicas que pueden tener cambios en su presidencia figuran Renfe, ADIF, la agencia EFE, RTVE, Correos, Loterías o Paradores, ya que también cuentan con participación estatal.

Por el momento, dicen desde el sindicato, no hay quinielas. Pero, entre sus nombres no figuran cargos políticos. “Queremos perfiles técnicos que den soluciones a problemas laborales que se están enquistando durante años”, afirman.

Sin ir más lejos, Correos ha protagonizado la primera huelga de la era Sánchez. Los casi 60.000 trabajadores de la compañía estaban llamados a paros parciales, que fueron secundados por el 80% de la plantilla a nivel estatal, por el recorte en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la precariedad en el empleo, según los sindicatos.

Desde CSIF instan al nuevo Gobierno a “dar ejemplo”, a poner fin a las “trampas de la contratación temporal en puestos que deben ser a jornada completa y a dar un portazo a la precariedad en un sector donde cada vez se generan más los contratos en fraude de ley”.

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