Hacienda recrimina a RTVE que contrate prejubilados por el ERE de 2006 que costó 1.722 millones

La Intervención General del Estado (IGAE), organismo dependiente de Hacienda, recrimina a los dirigentes de RTVE en su última auditoría -2016- la contratación de ex trabajadores de la cadena pública que se acogieron al macro ERE de 2016 -afectó a 4.150 personas-.

Este ERE ofreció condiciones muy favorables a los empleados que decidieron salir de la cadena y supondrá un coste para las arcas públicas en el periodo 2014-2022 de más de 1.700 millones de euros, según un informe del Tribunal de Cuentas de 2015.

El órgano fiscalizador criticó que, gracias al acuerdo, los ex trabajadores cobren el 92% de su salario hasta la jubilación y, además, posteriormente se beneficien de una doble subida en los últimos años de forma que acabarán cobrando a partir de 2020 más en neto que el 100% de lo que percibían en activo.

Pese a estas condiciones favorables, el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha contratado a cinco ex empleados de este ERE durante 2016, según el informe de la IGAE. «Se han detectado cinco trabajadores prejubilados por el ERE 29/2006 que prestan servicios en la Corporación de manera directa o indirecta (a través de empresas)», dice el informe. Fuentes oficiales de RTVE han declinado hacer comentarios.

Reproche

«Tanto la normativa interna de la Corporación, como el convenio colectivo vigente no permiten dichas contrataciones», advierte la IGAE.  «Además dichos trabajadores podrían estar jubilados, siendo incompatible la percepción de la pensión de jubilación con la prestación de servicios en el sector público», insiste el organismo, que no cita ni a los trabajadores ni a las empresas.

La IGAE advierte a la cadena pública que «debería ser más rigurosa para evitar contratar en cualquier modalidad personal prejubilado por el ERE, instándose a dicha Corporación al cumplimiento de la normativa, en especial cuando se contraten colaboradores a través de empresas».

El Expediente de 2006 fue aprobado en la etapa de Carmen Caffarel como directora general de RTVE y Pedro Solbes como ministro de Economía. Afectó a 4.150 personas y garantizó el pago del 92% del sueldo de los trabajadores hasta su jubilación. El Expediente llega hasta 2022, por lo que está generando costes a la Corporación -de los Presupuestos Generales- hasta esa fecha -1.722 millones en total, según el Tribunal de Cuentas-.