El «banco» independentista Caixa Catalana esquivará la Ley española marchándose a Bruselas

caixa catalana
Borja Jiménez

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, conocida como Caixa Catalana, es un proyecto de cooperativa de crédito que está, según han señalado a sus socios, a punto de empezar a operar. Lo hará sin la autorización del Banco de España y, por supuesto, sin nada que ver con la Asociación Española de Banca, tal y como ha podido confirmar OKDIARIO.

Caixa Catalana ha anunciado a sus socios -algo más de cien- que pronto serán una cooperativa de servicios financieros, pero no bajo el paraguas del Banco de España, sino bajo el de la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (Febea), una organización sin ánimo de lucro con sede en Bruselas, y que se rige por la Ley belga. 

La asamblea fundacional de socios, celebrada el 3 de septiembre de 2016, acordó pedir a los socios donaciones de entre 14 y 17 euros trimestrales. Unas ‘aportaciones’, que el proyecto de Caixa Catalana vende como ‘temporales’. Se pedirán «de forma temporal, mientras vamos consolidando el proyecto y hasta que consigamos un volumen de operaciones de financiación que permita a la cooperativa ir andando sin tener que disponer del capital fundacional aportado por los socios».

Además, para aquellos que quieran colaborar pero que estén atravesando «situaciones económicas difíciles» podrán darse de alta en la cooperativa «sólo» con la ‘aportación’ inicial de 100 euros.

Pese a que nacerán en Bélgica, en la página web de la cooperativa explican que el objetivo pasa por «conseguir que en Cataluña opere, lo antes posible, una cooperativa de crédito que busque revertir la pérdida de las nueve cajas de ahorro que operaban en Cataluña hasta hace muy pocos años».

Los objetivos de la cooperativa pasan por incorporar socios para alcanzar un capital próximo a los 5 millones de euros entre unos 50.000 socios, conformar una alianza internacional con entidades de la Eurozona, y negociar con alguna cooperativa de crédito europea ya existente un acuerdo internacional para disponer de la llamada ‘licencia bancaria internacional compartida’.

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