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Colombia quiebra Electricaribe y plantea devolver la gestión a Gas Natural para evitar el colapso

Electricaribe
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia (Foto: Gobierno de Colombia)
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El Gobierno de Colombia ha fracasado en su intento por salvar Electricaribe, empresa que fue expropiada a Gas Natural Fenosa hace menos de un año. El Ejecutivo que preside Juan Manuel Santos ha constatado que los problemas que sufre la compañía no tienen su origen en una mala gestión del grupo español, sino en la falta de seguridad jurídica que provoca que la compañía no pueda rentabilizar sus inversiones. Por ello, estudia devolver Electricaribe a Gas Natural Fenosa como uno de los escenarios probables para evitar el colapso.

Los tres informes elaborados por el “Agente Especial” designado para gestionar Electricaribe tras su expropiación muestran que el deterioro financiero de la compañía va en aumento, al mismo tiempo que se constata un empeoramiento de la calidad del suministro eléctrico en la región en la que opera la compañía. Este “Agente Especial” es Javier Lastra, ex secretario general de Minas y Energía del Gobierno colombiano y que ha desempeñado diversas funciones en el Ejecutivo de Santos.

En los citados informes –a los que ha tenido acceso OKDIARIO– Lastra admite que desde que se produjo la intervención de Electricaribe han aumentado los impagos, a pesar de que el pasado año el país sufrió el impacto de El Niño y Gas Natural Fenosa tuvo muchos problemas para facturar por los servicios prestados. Además, este año los precios de la electricidad son más bajos que en 2016, un factor que, en teoría, debería haber mejorado las estadísticas de cobro de la empresa.

En cuanto a la evolución de las pérdidas derivadas del fraude, desde que se inició la intervención hasta el pasado mes de abril  se ha disparado un 35%. En términos anuales este incremento de las acometidas ilegales representa una menor facturación y un deterioro en caja de 125.000 millones de pesos (unos 36 millones de euros al tipo de cambio actual).

De esta forma, se confirma lo avanzado por OKDIARIO el pasado marzo, cuando fuentes de Electricaribe señalaron que se abría un horizonte financiero complicado para la empresa intervenida. Antes de la expropiación, el grupo español que preside Isidro Fainé solucionaba sus problemas de liquidez con la ayuda de los bancos, pero ahora la brecha abierta en la seguridad jurídica del sistema eléctrico colombiano hace que la financiación privada no esté garantizada.

Las pérdidas se multiplican por 2.700

Durante los primeros cuatro meses de 2017, la empresa ha contabilizado una pérdida después de impuestos de 124.000 millones de pesos (35,9 millones de euros), una cifra que supera en más de 2.700 veces los números rojos del mismo periodo del año anterior (antes de la expropiación), cuando las pérdidas se situaron en los 45 millones de pesos.

Si analizamos los informes en detalle, se comprueba que en realidad el deterioro financiero de la compañía es incluso mayor que lo que refleja la cuenta de resultados, ya que estos números rojos se han producido a pesar del citado efecto favorable de los precios y de que Electricaribe no incurre en gastos financieros por la facultad que le otorga el proceso de intervención. Y esta cantidad que el pasado año debía abonar Gas Natural Fenosa no es despreciable: entre enero y abril de 2016 el montante de esta partida ascendió a 60.000 millones de pesos (17,4 millones de euros al tipo de cambio actual).

Todo ello se ha visto acompañado de una caída en la calidad del servicio, que ha registrado un deterioro dramático desde que gestiona Electricaribe el Estado de Colombia. El tiempo medio de interrupción del suministro eléctrico por cliente ha subido un 20% interanual entre enero y abril, mientras que el número de cortes ha sido aún más acusado con un repunte del 27%.

En definitiva, los informes del “Agente Especial” designado para gestionar Electricaribe muestran que todos los indicadores operativos, sin excepción, se han deteriorado durante la intervención, a pesar de que la compañía ha disfrutado de la congelación de los compromisos previos a la expropiación, y de que no ha hecho frente al coste del servicio de la deuda. Lejos de aprovechar estas condiciones financieras ventajosas, el Gobierno de Colombia ha terminado de quebrar la compañía.

Gas Natural Fenosa reclama seguridad jurídica

Gas Natural Fenosa sólo contemplaría una devolución de Electricaribe si va acompañada con una normativa que asegure el cumplimiento de los contratos y el pago de las facturas, así como con una actualización de las tarifas que responda a criterios de mercado.

En todo caso, el grupo español está ultimando su nuevo Plan Estratégico 2018–2020 que tendrá en cuenta el cambio de perímetro tras la desconsolidación de Electricaribe, tal como avanzó su consejero delegado, Rafael Villaseca, en la presentación a analistas de los resultados de Gas Natural Fenosa correspondientes a los nueve primeros meses de 2017.

Por el momento Gas Natural Fenosa seguirá adelante con el procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, en sus siglas en inglés), por el que reclama que “se le devuelva Electricaribe con un marco regulatorio viable y, en su defecto, se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares“.

En Gas Natural Fenosa se asiste a este proceso con la confianza de que el Tribunal  de la ONU le dará la razón en su reclamación. No obstante, el laudo no verá la luz hasta dentro de dos o tres años, que es el tiempo medio que suelen tardar este tipo de procesos en el citado órgano de Naciones Unidas. Mientras tanto el tiempo corre en contra del Gobierno de Colombia.

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