Otro frente judicial para Banco Santander: Inversión Hogar le lleva a los tribunales 25 años después de su quiebra

Nuevo frente judicial para el Banco Santander. Este lunes comienza en el juzgado de Primera Instancia nº 20 de Madrid el juicio por la quiebra, en 1992, de la constructora Inversión Hogar, que responsabiliza a la entidad financiera de su liquidación y de que los acreedores se quedaran sin cobrar más de 70 millones de euros.

Las demandantes son Fianzas y Crédito, sociedad intervenida y representada por el Consorcio de Compensación de Seguros y la inmobiliaria Urbanizaciones y Construcciones Andaluzas (Urcansa), que han unido sus fuerzas para que la entidad financiera restituya el quebranto por la suspensión de pagos de Inversión Hogar.

La denuncia deriva de la presunta venta fraudulenta de una finca en Mijas (Málaga) un día antes de que se publicara en el BOE su expropiación forzosa, inmueble que adquirió el Santander cuando Inversión Hogar entró en concurso y que podría implicar un fraude a acreedores.

Denuncian a Santander ante la CNMV y el BdE

Los demandantes ya han denunciado al Santander ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Secretaría General del Tesoro y el Banco de España y no descartan hacerlo ante el Banco Central Europeo (BCE) y la SEC, el supervisor bursátil estadounidense.

Los hechos se remontan a 1992, cuando el banco firmó un contrato-convenio con Inversión Hogar (IHSA), constructora en suspensión de pagos «provocada» por el banco, según dictaminó en su día la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Transmisión de inmuebles al banco

Entre las condiciones de dicho contrato se pactó la transmisión de varios inmuebles en Mijas (Málaga), Manilva (Málaga), Mairena de Aljarafe (Sevilla) y Alcalá de Guadaira (Sevilla) al banco.

La finca de Mijas había sido valorada en 1989 por una tasadora en 6,3 millones de euros, pero en 1992, momento de la firma del contrato-convenio, se tasó en 1,3 millones.

En 1996 dicha finca fue transmitida por el Banco Santander a la sociedad Las Vertientes de Calahonda por 75 millones de pesetas (450.759 euros), un día antes de que se publicara en el BOE su expropiación forzosa para la construcción de la autovía Estepona-Málaga.

«No se ha aportado la escritura completa»

Pero según los denunciantes no se ha aportado aún una escritura completa y expedida por un notario de dicha compra venta, ya que los dirigentes del banco no querían que la finca estuviese a nombre de la entidad el día de la publicación de la expropiación en el BOE para que los derechos de la misma no correspondiesen al banco sino a ellos, a través de la sociedad compradora, y así «enriquecerse fraudulentamente a costa del banco y del resto de accionistas».

Además, según los denunciantes, Vertientes de Calahonda se había constituido por fiduciarios o «testaferros» sólo ocho días antes de la compraventa, pero en esa fecha no tenía aún personalidad jurídica ni capacidad de obrar al no haber sido inscrita en el Registro Mercantil hasta un mes después.

Vertientes de Calahonda habría sido «expresamente constituida», por una sociedad con sede en Liechtenstein, Tinre Etablissement, cuyo administrador es Heinz Batliner, que fuera gerente general y presidente del banco VP Bank.

Batliner y su hermano Herbert han sido objeto de una investigación del servicio federal de Información (BND) de Alemania, que fue utilizado en una sesión de la Asamblea Nacional Francesa dedicada a la situación de Liechtenstein como paraíso fiscal.

Otro de los socios fundadores de Vertientes de Calahonda es Alberto Arrupe, abogado en aquella época del Banco Santander y de otras sociedades del grupo Altamira Santander Real Estate.

En 2006, el juez falló a favor de la constructora

Tras varias peripecias judiciales a lo largo de estos 25 años, en 2006 el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid falló a favor de la constructora y consideró que el Santander se hizo con la propiedad de los inmuebles «sin seguir el procedimiento ordinario» , ya que «el acreedor no puede apropiarse de las cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas».

El tribunal condenaba al banco a pagar más de 74,7 millones de euros a Inversión Hogar, a la que debía devolver 72,9 millones de euros, como valor de cuatro fincas que le había entregado, y, otros 1,8 millones en concepto de resolución del acuerdo, así como los intereses legales desde 1997.

El Santander recurrió el fallo, y este lunes ambas partes volverán a verse las caras ante el juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid, el mismo que hace 25 años se ocupó de la suspensión de pagos.