Los accionistas de Popular exigirán al Santander una indemnización de 15.000 millones

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) reclama a Banco Santander casi 15.000 millones de euros como indemnización a los accionistas de Banco Popular. El monto es el resultado de dividir el dinero que la entidad que preside Ana Botín tenía en caja (7.808 millones de euros) entre el número de acciones (4.200 millones).

Los accionistas de la entidad que presidía Emilio Saracho y antes Ángel Ron exigen que se devuelva 1,85 euros por cada acción en poder de los inversores de la entidad. La oferta de Banco Santander, sin embargo, dista mucho de lo que solicitan desde Aemec: el banco que preside Ana Botín propone emitir hasta 980 millones de euros en lo que ha denominado “bonos de fidelización”, que aportarían una rentabilidad del 1% anual (con pago trimestral) durante siete años y que entregaría a los clientes que adquirieron acciones de Popular desde el 26 de mayo de 2016 al 21 de junio de ese año y/o obligaciones subordinadas computables como Tier 2 entre el 29 de julio de 2011 y el 14 de octubre de 2011. Sin embargo, esto únicamente resarciría a los inversores que acudieron a la ampliación y que invirtieron menos de 100.000 euros; además, deben renunciar a emprender acciones legales contra el banco.

Óscar Arredondo, socio de Cremades & Calvo-Sotelo y juez en excedencia, ha explicado a OKDIARIO que ésta es sólo “una primera oferta de Banco Santander”. Bajo su punto de vista, esta propuesta “establece unas series de condiciones y requisitos que sólo permite acogerse a ella los que fueran a la ampliación de capital, con lo que hay muchas personas que se quedan fuera de la órbita de esa oferta que ha hecho el Banco Santander, que deja también sin posibilidad de resarcimiento a aquellos titulares de acciones con una valoración superior al millón de euros”.

Desde Aemec entienden que “es un principio que hay que valorar positivamente” pero entienden que hay que “explicar muy bien a los perjudicados qué condiciones tiene esa oferta para que él decida si le interesa o no”.

15.000 millones

Según los cálculos de Aemec, son 15.000 millones de euros los que tendría que desembolsar Banco Santander para ‘quedar en paz’ con los accionistas de Banco Popular. “Esto es exactamente dividir el capital social más las reservas entre el número de acciones que tenía el banco. Es decir, es el resultante de dividir el dinero que tenían en caja en esos momentos entre el número de acciones”, explica el juez Arredondo, que cree que “es el cálculo más objetivo que se puede hacer sobre el último balance aprobado de 2016”.

Multiplicando las 4.200 millones de acciones por los 1,85 euros por título que reclama Aemec da unos 15.000 millones de euros, que sería el monto que habría de desembolsar Banco Santander. Pero, ¿cómo lograrán que la entidad que preside Ana Botín efectúe el pago de la indemnización? “Lo haremos a través de los recursos que se están llevando a cabo ante la Junta Única de Resolución (JUR), donde van a estar los perjudicados contra el poder público, en este caso la institución comunitaria que ha adoptado esta decisión; o bien a través del proceso penal, donde también están los perjudicados. Esas son las dos vías que hay ahora, sin perjuicio de que se puedan abrir nuevas vías, como pueda ser la vía civil, donde se pueda obtener también el resarcimiento de los perjudicados”, señala Óscar Arredondo.

Según el juez de Cremades & Calvo-Sotelo solicitan una indemnización a Banco Santander porque “han sido expropiadas y confiscadas las acciones de Banco Popular”. En su opinión, y la del despacho, “no se ha dado el precio justo que corresponde y, obviamente, los accionistas del Popular tienen derecho a pedir un resarcimiento de lo que entienden que ha sido una transgresión de la Ley”. A partir de ahí surge la posibilidad de solicitar una indemnización, sea una responsabilidad civil derivada de un proceso penal, sea una indemnización derivada de una mala aplicación por parte de la institución comunitaria -del Mecanismo Único de Resolución- o cuales quiera otras acciones legales que se lleven a cabo. “El perjudicado lo que pretende es el resarcimiento, y esas vías son las que utilizará el despacho para llevar a cabo su objetivo”, señala Arredondo.

Será un procedimiento largo

“Ahora habrá un procedimiento judicial en el que no vamos a engañar a nadie, hay que ser honestos, va para largo, salvo que haya un acuerdo. Tanto la vía comunitaria, si se activa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como las vías judiciales españolas, son procesos judiciales que son largos, salvo que haya un acuerdo que sea satisfactorio para todos y cada uno de los perjudicados”, insiste el juez, que explica a OKDIARIO que, de momento, representan a 2.400 accionistas con poderes confirmados y ya hay unas 12.500 personas que ya han contactado con el despacho.

De momento, el pasado mes de junio, Aemec denunció ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional posibles delitos contra el mercado y los consumidores cometidos en el Popular a raíz de la entrada en la entidad de la familia del magnate mexicano Antonio del Valle.