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Las eléctricas ven ‘razonable’ el borrador del ‘bono social’ y aplauden que no sea ‘a la catalana’

bono social
Álvaro Nadal, ministro de Energía (Foto: Flickr)
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El lunes las comunidades autónomas recibieron el nuevo borrador con los principales aspectos del real decreto ley del llamado ‘bono social’ eléctrico que quiere implantar el Gobierno. Para acceder a dicho ‘privilegio’, el factor principal a tener en cuenta será el umbral de renta, un aspecto que “parece ser bastante razonable” y celebran, además, que “no se introduzca un mecanismo de solicitud de informe a los servicios sociales “a la catalana”, aseguran a OKDIARIO fuentes del sector.

Recordemos que el desarrollo de este real decreto ha sido objeto de disputa entre las eléctricas y el Ejecutivo. En octubre el Tribunal Supremo declaró ilegal la tarifa subvencionada que obligaba a las compañías a rebajar un 25% la factura a los clientes que, según los criterios del Gobierno, presentan grados de vulnerabilidad que no les permiten pagar sus facturas.

De momento, según las fuentes consultadas por este periódico, las compañías del sector descartan interponer más recursos judiciales. Eso sí, exigen que las competencias estén muy bien acotadas entre la legislación central y las comunidades autónomas. “Si hay unas normas estatales y otras autonómicas, ¿con cuáles cumplimos?”, se preguntan.

El actual documento, que aún está en desarrollo, fija distintas categorías para los ‘hogares vulnerables’ dependiendo de sus umbrales de renta. Una de ellas es la de ‘hogares vulnerables severos’, que se beneficiarán de un descuento más elevado que el que tendrán otros consumidores tildados de ‘vulnerables’.

Eso introduce una gran incertidumbre sobre el colectivo potencial, teniendo en cuenta el volumen de la economía sumergida en España”, explican fuentes cercanas al sector. No obstante, insisten: “En relación con el proceso de corte, el esquema parece ser bastante razonable”.

El reglamento establece, además, que las comercializadoras deberán comunicar a los consumidores los impagos de sus facturas desde el primer momento. Una norma, explican, que “supondrá mayores costes operativos” a las compañías.

Si la reclamación no puede ser entregada al cliente, se prevé que las empresas presenten una segunda reclamación por vías alternativas de notificación y, antes de cortar el suministro, tendrán que efectuar una tercera y última reclamación del pago.

Las comercializadoras podrán cortar el suministro, con carácter general, si no reciben el pago de la factura en dos meses desde la reclamación fehaciente de pago, pero en el caso de los consumidores vulnerables acogidos al bono social el plazo se amplía a cuatro meses.

Además, las administraciones competentes en política social contarán con un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro eléctrico previstas, a fin de que puedan identificar si afectan a consumidores en riesgo de exclusión social y adoptar acciones para asegurar la protección de aquellos con problemas de inserción social y que éstos no sufran cortes. Fuentes del sector aseguran a OKDIARIO que celebran “que no se haya introducido un mecanismo de solicitud de informe a los servicios sociales ‘a la catalana’”.

En el caso de los hogares vulnerables severos en situación de exclusión social, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado esencial y será cofinanciado junto con las compañías eléctricas, con lo que se impedirá que les puedan cortar el suministro.

El borrador de reglamento establece también que las comercializadoras deberán comunicar a sus clientes que pueden acogerse al denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y solicitar el bono social, si cumplen las condiciones de renta establecidas.
Además, no podrán aplicar ninguna penalización o coste adicional por cambios de contrato desde el mercado libre al PVPC, siempre que el consumidor acredite los requisitos para ser considerado vulnerable.

“Si esto se hace finalmente así, puede quedar un esquema bastante eficaz”, declaran las mismas fuentes. La duda que las eléctricas plantean es si comunidades como Cataluña, que ya tienen legislado algo mucho más exigente, van a dejar de lado su propia normativa y aceptar esto.

Fuentes del sector aseguran que los servicios sociales se van a encontrar con una lista semanal de grandes proporciones y se van a dar cuenta de su incapacidad para hacer nada con ella. “Salvo identificar a los ciudadanos que ya tengan atendidos (siempre y cuando el contrato esté a nombre de ese ciudadano y no, por ejemplo, de su cónyuge o algún familiar)”, explican.

De momento, el real decreto está en desarrollo y queda por ver la reacción de las comunidades autónomas ante este nuevo borrador. Todo apunta a una petición de más tiempo.

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