Colombia obliga ahora a pagar a los morosos de Electricaribe, la filial expropiada a Gas Natural

El Gobierno de Colombia, que expropió Electricaribe al grupo español Gas Natural Fenosa el pasado 15 de noviembre, exige ahora a sus clientes morosos que paguen sus facturas, a pesar de que es precisamente el sector público del país latinoamericano el que acumula un mayor volumen de impagos.

La legislación no permite cortar el suministro a los organismos estatales y empresas públicas, algo que sufrió Gas Natural cuando gestionaba Electricaribe, y ahora es el Gobierno el que constata que las reclamaciones de la compañía española eran justas y que es necesario aprobar una reforma que asegure el cobro de las facturas y, de esta forma, garantizar la calidad del suministro y la viabilidad de la empresa energética.

El actual presidente de la filial de la española, Edgardo Sojo, puesto al frente de la compañía por el Ejecutivo colombiano, ha amenazado con cortar el suministro a las administraciones y centros públicos si no pagan sus recibos pendientes, una medida que no pudo llevar a cabo Gas Natural Fenosa porque es ilegal. “No podemos regalar más energía a los morosos”, dice ahora el actual gestor.

Sin embargo, según han explicado fuentes del sector eléctrico colombiano a OKDIARIO, el Gobierno no contempla una modificación normativa que permita adoptar esta medida para luchar contra la morosidad. Y lo mismo sucede con el otro gran factor que impacta negativamente sobre las cuentas de la compañía: el fraude y la impunidad con la actúan los conocidos como “marañeros”, unas mafias que trepan por los postes de la luz para engancharse a la electricidad de manera ilegal

El agujero en los estados financieros de Electricaribe como consecuencia de la morosidad y el fraude asciende a los 1.259 millones de euros (una vez realizado el cálculo con el tipo de cambio del peso colombiano). Gas Natural Fenosa decidió curarse en salud y provisionó más del 80% de esta cantidad antes de que el Gobierno de Colombia la interviniera.

Lo curioso de esta cambio de actitud de los administradores que ha puesto el Ejecutivo colombiano en Electricaribe es que los responsables públicos ya sabían cuál era el principal problema contable porque el 15% del capital era propiedad estatal antes de la intervención: que la mayor parte de las deudas son impagos por parte de las propias Administraciones Públicas (colegios, hospitales, comisarías o residencias) a las que no se les puede cortar el suministro porque la Corte Constitucional de Colombia que lo prohíbe.

Tras la expropiación el pasado 15 de noviembre (y la posterior purga de directivos españoles y colombianos afines a la cotizada) la gestión de la filial fue puesta en las manos de Edgardo Sojo y de Javier Lastra. Fue en el momento de la intervención cuando los de Santos  han constatado lo que era una realidad incontestable: que la situación financiera es insostenible por los impagos y el fraude.

“No podemos regalar más energía a los morosos”

“No podemos regalar más energía a los morosos”, dice ahora el presidente de Electricaribe, Edgardo Sojo. Por ello, la firma energética ha comenzado a poner en marcha procesos de cancelación de los contratos de suministro de aquellos organismos que no tengan intención de pagar por el suministro eléctrico. Otra de las iniciativas es preparar una campaña publicitaria para que la opinión pública sea consciente de que la electricidad no es gratis y que debe pagarse por el servicio para que sea sostenible.

El nuevo gestor considera ahora que las administraciones deben mostrar interés y esforzarse en la cancelación de sus deudas para evitar que se les corte el suministro de energía. “Esperamos llegar a acuerdos de pago y que se vayan respetando”, declaraba Sojo González.

La ofensiva por parte de los gestores de Electricaribe ya se ha activado, de hecho, algunas de las alcaldías de la zona de Barranquilla han sufrido cortes de electricidad. Un movimiento que ha sido tildado por parte de Sojo como “una estrategia para recuperar los millonarios recursos que les deben a la compañía desde el sector oficial”.

No habrá reforma normativa: el Gobierno violará la Ley

Es más, el mismo Sojo ha declarado sin sonrojo que no van a cumplir con la normativa gubernamental vigente. “Hay una reglamentación constitucional que nos impide cortarles la luz, pero no podemos seguir regalándola”. La nueva cúpula de la empresa “está dispuesta a suspender los contratos” con hospitales, colegios o acueductos para que se busquen a otra compañía que “acepte sus condiciones”.

Sojo ha asegurado que “Electricaribe está en crisis y que no tiene por qué seguro asumiendo esas deudas” y cree que es necesario “un cambio de mentalidad”. Por su parte, Soffi Santis Martínez, gerente de la eléctrica en la zona de Sucra, ha explicado que la situación de impagos persiste a pesar de “la permanente disposición y colaboración” para que las entidades “resuelvan su situación, en vista de que no han dejado de recibir mensualmente el fluido eléctrico”. Insiste en que “no hay voluntad para normalizar sus pagos”.

Estos mensajes no son nuevos: lo que ha cambiado es el emisor. A mediados de 2016 Gas Natural Fenosa ya advirtió a las autoridades colombianas que su falta de compromiso en la lucha contra el fraude y la morosidad afectaría a la viabilidad de las empresas del sector eléctrico. en lugar de atender sus reclamaciones, los responsables de la política energética del país iniciaron una campaña de desprestigio de la compañía española, utilizando los medios de comunicación locales y culpando a los gestores de provocar cortes por la ausencia de inversiones.

Ahora las tornas han cambiado y son precisamente los interventores puestos por el Gobierno los que reclaman lo mismo que solicitaba Gas Natural Fenosa: que se cumplan los contratos, se garantice la seguridad jurídica y se persiga el fraude.