Los profesionales de la insolvencia estudian llevar al Constitucional la nueva Ley Concursal

Los profesionales que se encargan de realizar procesos concursales (lo que antiguamente se conocía como suspensión de pagos o quiebra) están estudiando llevar ante el Tribunal Constitucional la nueva norma que regula estos procedimientos. La Ley Concursal ha sido modificada hasta en tres ocasiones durante el pasado año y la última revisión, en 2015, tiene aspectos que atentan contra la Carta Magna.

Según ha declarado a Okdiario el presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), Luis Martín, los últimos cambios legislativos “han agravado los problemas del sector” y “supondrán la desprofesionalización del mismo”, de forma que en España “tendremos un peor sistema de insolvencia, alejado del entorno europeo”.

A su juicio, “la gran incertidumbre generada está teniendo como consecuencia una menor garantía de la recuperación del crédito por parte de los acreedores, lo que provoca un gran daño a la economía”. “Estamos analizando la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley para adoptar las acciones legales que consideremos oportunas”, ha señalado Martín.

Los aspectos clave que pueden ir contra la Carta Magna son los que regulan el acceso a la profesión, el establecimiento de limitaciones a la retribución de los administradores concursales y la imposición de costes a estos profesionales que no les corresponden, tales como la tasación de inmuebles, la valoración de unidades productivas y la aportación a un fondo de garantía arancelaría de sus honorarios.

En la actualidad hay 9.000 administradores concursales, que tras la reforma pueden triplicarse, para una media de poco más de 6.000 procesos anuales. Los despachos profesionales que se dedican a este tipo de operaciones dependen casi exclusivamente de ellas, hasta el punto de que el 95% de sus ingresos provienen de concursos de acreedores.

Además, existe un problema añadido, y es que la reforma legislativa plantea la necesidad de un desarrollo reglamentario del Estatuto de los Administradores Concursales que no se ha aprobado antes del fin de la legislatura. Ahora, con la incertidumbre política actual, el presidente de ASPAC asegura que mantendrá contactos con todas las formaciones antes de elevar la cuestión al Tribunal Constitucional.

“El objetivo del concurso de acreedores es un proceso en muchas ocasiones farragoso, debido a la limitación de medios humanos y materiales de los juzgados mercantiles. En vez de atajar problemas como estos, los últimos cambios legislativos dificultan el trabajo en los concursos, limitando la calidad de los servicios prestados. Las reformas en marcha presagian la muerte de la administración concursal profesionalizada”, concluye Martín.