La Caixa tenía un pacto secreto con Mas: silencio a cambio de salir de Cataluña

El presidente de La Caixa, Isidre Fainé, tenía un pacto secreto con el nacionalismo catalán: silencio institucional en el proceso independentista a cambio de facilitar la progresiva salida de la entidad financiera de Cataluña.Los partidos nacionalistas han permitido la huida para que la entidad financiera no empleara su poder económico e institucional contra la deriva secesionista. Durante años el acuerdo se ha respetado, pero ahora Fainé ha roto la baraja, al posicionarse públicamente contra el proceso.

La entidad, que ha sido el buque insignia del sector financiero de la región, ha perdido su esencia catalana y lo único que conserva es la denominación social. Las sucesivas reformas legislativas del Parlament han puesto a la antigua caja de ahorros un puente de plata para diversificar su negocio fuera de las fronteras de la comunidad autónoma, pasando a depender directamente en materia regulatoria del Gobierno de España.

La Generalitat ya no tiene ningún control, ni en la división financiera ni en la fundación que la controla. Según ha podido saber Ok diario, este proceso se ha realizado gracias al  pacto secreto que ha sido violado por Fainé al firmar el comunicado emitido el pasado viernes por la patronal bancaria, en el que amenazó con salir de Cataluña y avisó de la posibilidad de un corralito financiero si triunfan los independentistas.

El enfado de Artur Mas se hizo patente pocas horas después del posicionamiento público de Fainé. En un mitin celebrado en Manresa, el presidente de la Generalitat se mostró visiblemente alterado y llegó a anunciar que pasará «por encima de todos los poderes políticos y financieros» que se opongan a sus planes secesionistas. «Ya somos mayorcitos, que no nos traten de tontainas. Los bancos se van a pelear por estar en Cataluña», dijo en una rueda de prensa después de que el Banco de España apoyara a La Caixa.

Historia de una traición

Todo comenzó en 2010, cuando en pleno verano el Parlament aprobó una reforma de Ley de Cajas catalana. Con media España de vacaciones, los políticos autonómicos votaron en comisión permanente una modificación de la norma para que las cajas de ahorros trasladaran su actividad financiera a los bancos.

En aquel momento, los nacionalistas prometieron que esto no supondría una pérdida de competencias, ya que el texto incluía un artículo en el que se afirmaba que “las transformaciones de cajas de ahorros en fundaciones especiales tienen que ser autorizadas por el Gobierno de la Generalitat”. Además, la supervisión (regulación) de las entidades resultantes se realizaría por el gobierno regional, junto con el Banco de España.

Sin embargo, la norma estatal posterior, impulsada desde el Ministerio de Economía, no contemplaba esa posibilidad y cuando, el verano siguiente, La Caixa segregó su actividad financiera con la creación de Caixabank, la Generalitat ya había perdido el control de la situación.

Un año después, una vez que el Gobierno prometió rescatar a las cajas quebradas, el Parlament decidió blindar por Ley la Obra Social de las nuevas fundaciones en que se habían convertido las antiguas cajas, para seguir manteniendo el poder político. Y, adivinen cuál fue la entidad que quedó fuera de esta nueva reforma normativa… efectivamente, La Caixa.

Desde ese momento Fainé ha tenido las manos libres para preparar su salida de Cataluña, gracias al pacto alcanzado con Artur Mas. En el terreno empresarial ya lo ha hecho, ya que el 80% del negocio financiero está fuera de la comunidad autónoma.

Todo listo para salir de Cataluña

Con la nueva estructura, la Fundación La Caixa (propietaria de Caixabank) depende orgánicamente del Ministerio de Economía, en lugar de ser regulada por la Generalitat. En la práctica esto supone una pérdida incalculable para el ejecutivo autonómico, tanto en términos políticos como económicos y, lo más paradójico, es que esto se ha producido con la complicidad de los partidos nacionalistas, que han sentado las bases legales para ello. Se puede dar incluso la posibilidad de que La Caixa traslade su sede fuera de Cataluña, opción que queda abierta tras el último cambio de estatutos de la entidad.

Y para facilitar aún más el proceso, el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado una enmienda a la Ley Concursal, que facilita este cambio de sede. Ahora ya no es necesario que el traslado sea aprobado en Junta General de Accionistas, basta con un acuerdo del consejo de administración. El cambio legal entro en vigor el día después de las pasadas elecciones autonómicas municipales, el 26 de mayo.

Fainé ha ido renovando el patronato de la Fundación La Caixa (organismo del que ahora depende todo el grupo financiero), situando a pesos pesados del empresariado español y extranjero, como el presidente de Telefónica, César Alierta, o el inversor mexicano Carlos Slim. También tienen asiento en el órgano de gobierno el ex ministro y ex secretario general de la OTAN, Javier Solana, y el empresario de medios de comunicación Javier Godó. El único reducto del nacionalismo político catalán es Frances Homs, consejero de Presidencia de la Generalitat.

Pedir permiso para invertir en Obra Social

Este Patronato debe realizar todos los años un informe de actuación para ser fiscalizado por el Banco de España. El documento debe incluir un plan financiero en el que explique cómo hará frente a posibles necesidades de capital en que pudieran incurrir las entidades de crédito participadas (Caixabank) así como los criterios básicos de su estrategia de inversión para ser aprobados por el Banco de España. Y, si el organismo supervisor lo determina, puede solicitar cualquier otra petición que considere oportuno para garantizar la gestión “sana y prudente” de la entidad.

Si alguien sabe lo que representa esta pérdida de competencias es Artur Mas, que cuando fue consejero de Economía de la Generalitat -bajo el mando de Jordi Pujol- maniobró para quitarle la presidencia a Josep Vilarasau obligándole a jubilarse y no permitiéndole nombrar director general al hoy presidente de Repsol, Antoni Brufau. Artur Mas apostó por Ricardo Fornesa para dirigir el buque insignia del sector financiero catalán y por el actual presidente, Isidré Fainé, como director general.

A partir de ahora, la Generalitat no podrá poner y quitar presidentes, ni fijar el sueldo de los directivos, ni el destino de inversiones de la entidad. Y todo ello se ha producido con la inestimable colaboración de los mismos que ahora, al grito de ¡secesión! han llevado a la región catalana a un camino sin retorno, en el que sólo hay un enemigo: España, el mismo al que le han entregado La Caixa.