Mercado laboral

La plantilla pública engorda mientras que la empresa privada destruye 1,2 millones de empleos

María Jesús Montero
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La crisis del coronavirus no está pasando de la misma manera factura al empleo del sector público -tanto funcionarios, personal eventual como eventuales- que a los trabajadores de las empresas privadas.

Según la última Encuesta de Población Activa que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, mientras que aumenta el número de ocupados por las administraciones públicas en el último año se hunde el empleo en las empresas privadas, lo que pone claramente de manifiesto como el sector público sigue siendo la mayor empresa del país a pesar de los crecientes números rojos, del déficit y de la deuda.

En el segundo trimestre de 2020, en plena crisis del coronavirus, el número de empleados públicos ascendía a 3,225 millones, 31.400 más que en el mismo trimestre de 2019, cuando el número total de los trabajadores de la administración era de 3,19 millones.

En cambio, pese a que teóricamente el Gobierno puso sobre la mesa la prohibición de despedir durante el estado de alarma, en las empresas privadas había entre abril y junio 18,60 millones de trabajadores, frente a los 19,80 de un año antes. Concretamente hay 1,197 millones de ocupados menos en la empresa privada que en el segundo trimestre del año pasado.

Sin embargo, también se observa diferencia en la destrucción de empleo con respecto al trimestre precedente, en el que apenas dos semanas estuvieron afectadas por el estado de alarma. Si el empleo público apenas se ha reducido un 0,68%, el privado ha caído en un sólo trimestre con respecto a enero y marzo un 5,4%, y eso sin tener en cuenta que los ERTE no cuentan en este cálculo, una figura a la que no se pueden acoger las administraciones.

De hecho, en el sector público no ha podido haber suspensión temporal de contratos, aunque sus trabajadores tampoco han acudido en muchos casos a su puesto ni han podido teletrabajar, porque no tenían los medios adecuados para hacerlo. En algunos casos puntuales bien justificados sí que se permiten hacer EREs en el seno de la Administración -que sólo pueden afectar al personal eventual- pero no ERTEs.

Este escenario no es asumible para el Estado en los próximos meses tras el desplome de la recaudación tributaria en cerca de un 30%, lo que hace entrever dos opciones: o se prescinde de personal temporal o se congelan o recortan los sueldos, un extremo que hasta el momento el Gobierno niega pero que será la única forma factible de sanear unas arcas públicas cada vez más vacías como consecuencia de la crisis del covid-19. Sobre todo si los países frugales, capitaneados por Holanda, exigen «condicionalidad» a Sánchez a cambio de entregar las ayudas europeas prometidas a España en el último Consejo Europeo.

Si se miran los datos de asalariados que también recoge la EPA de las administraciones públicas se observa cómo la Central, la que dirige Pedro Sánchez, cuenta con 7.900 trabajadores más que hace un año. El Gobierno da empleo a 534.800 personas, sin contar con sus empresas públicas. La Seguridad Social también tiene 2.100 asalariados más (hasta los 25.100) y las comunidades autónomas, 33.500 trabajadores adicionales que en el segundo trimestre de 2019.

Sin embargo, los ayuntamientos -que era hasta 2019 la administración con más superávit de todas, si bien es cierto que tiene un problema de morosidad creciente con sus proveedores- han pasado de contar hace un año 650.900 asalariados a tener en el segundo trimestre de 2020, 621.800, 29.100 menos.

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