La autoridad fiscal revisará hasta 32.800 millones en subvenciones para determinar su eficiencia

La autoridad fiscal revisará hasta 32.800 millones en subvenciones para determinar su eficiencia
Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha iniciado un proceso de revisión de las partidas de gasto público poniendo la lupa en el desembolso anual de hasta 32.814 millones de euros en subvenciones para determinar los procedimientos de asignación, evaluar su eficiencia y medir su eficacia mediante estudios de impacto.

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ha explicado cómo va a realizarse este mecanismo de “spending review” durante su intervención en el seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que se celebra esta semana en la UIMP de Santander.

«El importe de las subvenciones y gasto asimilado que habría que analizar alcanzaría entre 22.000 y 32.800 millones de euros, si se incluye el gasto en farmacia no hospitalaria».

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Fuente: AIREF (Pinchar en la imagen para ampliar)

Este proceso de revisión del gasto público se produce como consecuencia del encargo realizado por el Gobierno para optimizar y racionalizar los desembolsos que realizan las distintas Administraciones Públicas, materializando el compromiso alcanzado con las autoridades europeas.

El objetivo de AIReF es presentar las primeras conclusiones antes de que concluya el próximo año. La revisión consistirá en un “análisis en profundidad del gasto con el objetivo de evaluar la calidad de las políticas públicas implementadas, lo que puede permitir la generación de espacios fiscales para mejorar la asignación de los recursos públicos, así como ser una vía para romper las inercias en la presupuestación y las tendencias a la autojustificación de las políticas públicas”, según ha indicado Escrivá.

Para la realización del análisis, AIReF contará con un incremento de los recursos humanos propios, pero también se apoyará en medios externos cuya contratación se realizará siguiendo los procedimientos dictados por las reglas de contratación pública.

Por otra parte, José Luis Escrivá ha considerado que, «tras cuatro años de vigencia, es necesaria una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dadas las deficiencias detectadas”, entre las que ha destacado su “falta de consistencia con el marco europeo”, el hecho de que desde el Ministerio de Hacienda se fijen “objetivos exigentes y poco realistas que conducen a incumplimientos sistemáticos” por parte de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas; y la “no aplicación de los mecanismos preventivos, correctivos y coercitivos previstos por la normativa”.

El presidente de AIReF también se ha referido al sistema de financiación territorial y ha vuelto a solicitar “un compromiso por el incremento de la corresponsabilidad fiscal en el conjunto de los niveles de gobierno”. Es necesario, dijo, que todas las administraciones “participen en el proceso de toma de decisiones, con una visión global de conjunto y que exista coherencia entre las reglas y mecanismos de exigibilidad y el acceso al endeudamiento”.

Y es que el problema de la reducción del endeudamiento es más importante de lo que parece, sobre todo cuando el mercado espera que a finales de 2018 el Banco Central Europeo (BCE) inicie un proceso gradual de subida de tipos de interés que aumentará el coste de la financiación del pasivo. Para reducir la deuda es necesario que no exista déficit público y eso, al menos en el corto plazo, no va a suceder.

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A este respecto, Escrivá ha indicado que la previsión de ingresos realizada por el Gobierno es “demasiado optimista”, lo que dificultará retomar la senda de la estabilidad presupuestaria. “Existe la necesidad de un plan presupuestario a medio plazo, porque sin medidas adicionales el déficit estructural será superior al 2% del Producto Interior Bruto (PIB)”, ha apuntado.

“El análisis de sostenibilidad de la senda de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas muestra un perfil sostenible a medio-largo plazo condicionado a la reducción del déficit estructural (…) el subsector de las comunidades autónomas es el que se encuentra más alejado del valor de referencia marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con situaciones muy dispares a nivel individual”, ha apuntado el presidente de AIREF.

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Tal como se puede comprobar en el anterior gráfico, regiones como Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana o Castilla La Mancha no cumplirán su objetivo de deuda hasta el año 2046.

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