Cataluña cree que puede financiarse en los mercados con el rating por los suelos y la deuda disparada

La deuda pública de Cataluña se ha disparado en los últimos años envuelta, además, en constantes desafíos soberanistas por parte de los diversos gobiernos de que lideran la Generalitat. La deuda pública de la región crece a un ritmo de 6.000 millones anuales, en los últimos diez años su pasivo asciende hasta los 60.000 millones de euros. Sin embargo, a pesar de los tozudos números y la calificación de Moody’s por debajo del ‘bono basura’, Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía ha decidido tirar de chulería y asegurar que Cataluña “está en condiciones de financiarse en los mercados” y dejar de lado la inyección del FLA.

Pero, lejos de sosegarse y frenar, solo en los tres primeros meses de 2017, Cataluña aumentó su deuda en 15.500 millones de euros. Esto significa que la deuda acumulada asciende a 75.443 millones de euros a día de hoy. En 2016 Cataluña fue una de las regiones menos austeras de España.

Desde el Ministerio de Hacienda deciden no mojarse y explican que, efectivamente, Cataluña es una de las regiones que más fondos del FLA recibe, pero que es lo más normal dado su tamaño y el peso que tiene a nivel autonómico.

El Gobierno ha destinado un total de 6.484 millones de euros al Fondo de Financiación a las comunidades para el tercer trimestre de 2017, de los cuales 5.800 millones irán a parar al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y 1.707 millones de euros se los llevará Cataluña. Es decir, la región de Puigdemont se lleva un 30% del total. Por su parte, la Comunidad Valenciana recibe 1.416 millones de euros.

El FLA es un mecanismo de financiación para las comunidades autónomas a través del cual el Estado se convertía en el proveedor de los créditos a un tipo de interés que oscilan en función del mercado.

Explican que, desde el punto de vista financiero, a la Generalitat se le exigen los mismos requisitos que al resto de las comunidades a la hora de acceder a la financiación del FLA. Uno de los requerimientos que se demanda es remitir al Ministerio de Hacienda un plan de ajuste en el que se compromete a “adoptar las medidas suficientes para garantizar el cumplimiento del objetivo del déficit”.

Además, la mitad de la reducción de la deuda pública de España, que asciende al 100,4% del PIB, hasta 2020 vendrá de la mano de los esfuerzos que deberán hacer las comunidades autónomas para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno, según la según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef). Y Cataluña no posee unas cuentas precisamente holgadas, AIRef concluye que los catalanes necesitan trabajar 100 días más que los madrileños o los vascos para pagar la deuda de su comunidad.

Junqueras ha olvidado, quizá, que la vuelta a los mercados podría estar muy complicada para la región. A finales de mayo, Moody’s rebajó un escalón (de Ba2 a Ba3) el rating de Cataluña por debajo del ‘bono basura’ y, es más, puso sobre la mesa la posibilidad de rebajar aún más su calificación.

Se trata de la calificación más baja de la historia de una región de España, sitúa la deuda catalana al mismo nivel que la de Angola, Bangladés, Bolivia y El Salvador. “El fracaso de Cataluña en diciembre”, decía Moody’s, “para transformar su deuda a corto plazo en deuda a largo plazo no indica una reducción de la voluntad y capacidad del Gobierno central para ayudarla a través del Fondo de Liquidez”.

Sobre esto también se ha manifestado Junqueras y ha vuelto a criticar que la Generalitat todavía no haya recibido autorización para convertir sus créditos a corto plazo en deuda a largo plazo.