Las CCAA elevan el peso de la deuda pública sobre el PIB: sólo baja en Baleares, Canarias y Cataluña

Las comunidades autónomas son las únicas Administraciones Públicas española que han aumentado el peso de la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto (PIB) en el último año, con un repunte de tres décimas al cierre de 2016, situando la tasa en el 24,4%.

Este indicador sólo se redujo en tres regiones: Islas Baleares, Canarias y Cataluña. Los mayores incrementos se produjeron en Aragón (1 punto porcentual), Cantabria (1,1), Extremadura (2,2), Región de Murcia (1,5) y Comunidad Valenciana (1,1).

Así lo refleja el último Observatorio de la Deuda publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo creado tras el rescate europeo del sector financiero español para fiscalizar las cuentas públicas de nuestro país y asegurar que el sector público se compromete con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Por su parte, el conjunto formado por la Administración Central y la Seguridad Social cerró el año con un peso de la deuda pública sobre el PIB del 71,6%, cuatro décimas por debajo de 2015 y cumpliendo el objetivo de no superar el 72%. En cuanto a las corporaciones locales, la ratio se situó en el 2,9% del PIB, cuatro décimas menos que el ejercicio anterior y por debajo del objetivo para 2016, que era del 3%.

En el documento, el organismo recuerda que a cierre de diciembre de 2016 la deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas españolas se situó en el 99,4% del PIB, cuatro décimas menos que un año antes y dentro del objetivo comprometido por el Gobierno. En términos absolutos, el endeudamiento público español arroja la escalofriante cifra de 1,1 billones de euros.

Al igual que sucedió en 2015, el pasado año la disminución del peso de la deuda pública sobre PIB ha incumplido lo estipulado en la disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece la obligación de que se produzca una reducción de dos puntos porcentuales de este indicador cuando la tasa de crecimiento real del PIB o del empleo superan el 2% anual.

“Cabe destacar que para este año los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan un crecimiento del PIB real y del empleo del 2,5% y una disminución de la ratio de deuda sobre PIB de sólo 0,4 puntos porcentuales”, indica la AIReF.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece un período transitorio hasta el año 2020 para el cumplimiento de los límites de deuda establecidos para las distintas Administraciones Públicas, que es del 60% para el conjunto del sector público y que se concreta en una tasa del 44% para la Administración Central, el 13% para las comunidades autónomas y el 3% para las corporaciones locales.

“Dado el stock actual y las  perspectivas para los principales determinantes de la deuda en los próximos años, el único subsector que cumplirá antes de 2020 (alcanzado en 2016) con esta disposición es el de corporaciones locales. El cuanto al conjunto de las AAPP, el escenario neutral de riesgos no termina llegando el 60% del PIB hasta el año 2037″.

«A nivel de CCAA, las mejor situadas son Madrid, Navarra y País Vasco, que alcanzarían un nivel cercano al valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad. Las que estarían más desviadas del nivel de referencia en 2020 son Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha”, explica la AIReF.

El organismo destaca en su informe que el acceso a los mecanismos extraordinarios de financiación (el Fondo de Liquidez Autonómico), con condiciones ventajosas respecto al mercado, ha supuesto un ahorro considerable de intereses para las arcas regionales, con una caída sustancial en el tipo de interés implícito.

Las ayudas a las CCAA pesan más que el rescate bancario

Además, estos mecanismos de liquidez han contribuido cuatro veces al aumento de la deuda pública entre 2012 y 2016 que el rescate bancario.

«El recurso creciente de los gobiernos regionales a los mecanismos (con algunas excepciones como País Vasco y Navarra) ha supuesto una deriva en el diferencial de tipos implícitos de las distintas CCAA respecto al coste del Tesoro, que ha pasado de terreno positivo (50 puntos básicos) a negativo (120 pb) en los últimos cuatro años», señala el documento.

Sin embargo, la tendencia parece haberse revertido en 2016, puesto que se observa un acercamiento de los tipos implícitos autonómicos al coste de financiación del Tesoro Público, reflejo de un aumento del coste de los mecanismos en 2016, que llegaron a ser del 0% en 2015.

“Este acortamiento del diferencial en los tipos, junto con la mejora del entorno económico, abren la puerta a un realineamiento de incentivos respecto a las decisiones de financiación y al inicio de vuelta progresiva y paulatina al mercado de las CCAA con niveles y dinámicas de deuda sostenibles”, asegura la AIReF.