Berlín y París, dos ejemplos de que las medidas del alquiler que propone Podemos no funcionan

Berlín y París, dos de las capitales más importantes de la vieja Europa, sufren graves problemas habitacionales debido a su limitada oferta inmobiliaria y a los alquileres desorbitados. Ambas ciudades han intervenido los precios de los alquileres como propone Podemos. Lo han hecho en dos ocasiones. En ambas, han fallado.

En 2015, el Gobierno Federal de Alemania aprobó una Ley que limitaba la subida de los nuevos alquileres al 10% del precio medio de la zona. Sin embargo, lejos de rebajar los precios, consiguió el efecto contrario: entre 2016 y 2017 los alquileres se dispararon un 20,5%, según la consultora Knight Frank. Además, muchos propietarios consiguieron eludir los controles y siguieron aumentando las rentas.

El segundo intento lo ha llevado cabo el estado federal de Berlín,-liderado por una coalición de izquierdas-, y ya cuenta con la oposición del Ministerio del Interior de Alemania que ha declarado la medida inconstitucional. La norma congela el precio de los alquileres los próximos cinco años y, entre otras cosas, fija un tope de 9,8 euros por metro cuadrado para las viviendas sin amueblar, sujeto al IPC. Entrará en vigor el primer día de enero y afectará a 1,6 millones de inmuebles. Profesionales del sector, economistas y ciudadanos ponen en duda sus efectos.

Los expertos temen que la intervención del mercado del alquiler se traduzca en precios más elevados y en un mal reparto de la vivienda. Además, advierten de que muchos propietarios retirarán sus inmuebles del mercado.“Limitar los precios para rebajar las rentas no ha cumplido para nada su objetivo” ha dicho Ferran Font, director de Estudios de pisos.com a OKDIARIO, que toma como ejemplo las medidas puestas en marcha en las dos capitales europeas.

París 

El Gobierno francés intervino el mercado inmobiliario entre 2025 y 2017 a través de la Ley Alur que, principalmente, impedía subir el precio del inmueble un 20% o rebajarlo más de un 30%. La norma desapareció en 2018 tras varios recursos judiciales y entre las críticas de los expertos por ahuyentar la inversión.

A pesar del revés judicial, el Parlamento francés aprobó en 2018 una nueva ley de vivienda a la que se acogió el ayuntamiento de París. Los expertos constatan dos grandes consecuencias: ha aflorado la economía sumergida y los precios se han disparado en las zonas limítrofes a París. «El intento de la capital francesa también ha resultado insuficiente y ha generado la economía sumergida», señala Ferrant Font. Los propietario, que se enfrentan a multas de hasta 15.000 euros, amenazan con recurrir la medida.