La batalla fallida contra el desempleo: España casi duplica la temporalidad de sus homólogos europeos

Como todos conocemos, o al menos presupongo que conocemos, la alta tasa de desempleo en España es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la economía española en los próximos años. Entre la corrección de fallas estructurales como la deuda, la insostenibilidad de un sistema de pensiones deficitario, así como otros factores de relevancia para la economía española, el empleo, sin lugar a dudas, destaca entre los demás. Un empleo que, precisamente este mes, ha tocado su nivel más bajo –en materia de afiliación- desde la crisis de 2008; registrando un -1,09% frente al -1,07%, registrado durante 2008.

A su vez, el trabajo que se genera en España sigue siendo un trabajo en el que un gran porcentaje del mismo se da de una forma precaria y sin unas condiciones largoplacistas. Tal es el nivel de temporalidad que nuestro país se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en el registro de este fenómeno. Los últimos estudios de la Fundación BBVA, en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), ponen de manifiesto la relevancia de corregir este fallo, de cara a reducir una media nacional de temporalidad situada en 26,8%; muy distante de la media europea fijada en el 14,2%.

Respecto a la media, España prácticamente duplica la temporalidad respecto a sus homólogos europeos. De hecho, de acuerdo con los registros acometidos por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), solamente el 8% de los contratos celebrados durante el mes de agosto han sido mediante contratación fija, mientras que el resto han sido contratos temporales, variando en función de la temporalidad de cada uno. No obstante, no podemos atender fielmente a este dato, pues recordemos que el mes de agosto suele caracterizarse por emplear a personas en aquellos sectores que, causalmente –por la llegada del verano y la afluencia turística-, poseen mayores índices de temporalidad.

Esto es un verdadero problema para España. Aunque la temporalidad no haya variado, de forma excesiva, durante los últimos años, -desmintiendo así a todos aquellos economistas que tratan de resaltar la temporalidad en España como consecuencia de la reforma laboral acometida por el Partido Popular en 2012-, el mercado laboral español si debe mejorar, acelerando por supuesto, en materia de creación de empleo. Creamos empleo, pero lo hacemos de manera muy gradual y muy precaria. A la vez, sectores con grandes índices de temporalidad, como el sector hostelero, siguen ganando peso en nuestra economía, dificultando la reducción del índice mencionado.

Quien crea empleo sostenible y, por decirlo de alguna manera, autosuficiente en el largo plazo, son las empresas y, como decía, únicamente las empresas.

Para entrar en materia, debemos ser conscientes de que en las economías, por mucho que pese, quien únicamente crea empleo real –considerando empleo real a todo aquello que no dependa de las cuentas públicas del gobierno, así como de los impuestos a los trabajadores- son las empresas. Sin el empleo creado por las empresas, el sector público, otro de los grandes empleadores en este país, carecería de recursos pertinentes para hacer frente al empleo generado por ellos desde el funcionariado. Por esta razón, quien crea empleo sostenible y, por decirlo de alguna manera, autosuficiente en el largo plazo, son las empresas y, como decía, únicamente las empresas.

El empleo público, claramente, se considera empleo. Sin embargo, por el hecho de poseer un estado deficitario, en el que el sector público no genera ingresos más allá del pago de impuestos o tributos, no podríamos contar con el si, anteriormente, no contamos con un sector privado que, a través de la recaudación fiscal, que, financieramente hablando, lo sostenga. Sin embargo, pese a ser muy coherente, no existe un consenso político que apoye dicha tesis. No hace falta nada más que mirar las últimas propuestas económicas del Presidente en funciones, Pedro Sánchez, para darnos cuenta de que no existe, como digo, ese consenso que defienda dicha premisa.

Y digo esto, puesto que si un gobierno está puesto en la teoría que arriba comento, lo último que haría es asfixiar a su tejido empresarial con una mayor carga impositiva, así como con la confección de leyes y regulaciones que representen trabas para estas compañías. Menos aún cuando te enfrentas a unos datos que muestran cómo el tejido empresarial español se distribuye, en su conjunto, entre un gran porcentaje (99,8%) –prácticamente una totalidad- de microempresarios y PyMEs, mientras que el restante, ese 0,2% -redondeado, por supuesto- lo integran los grandes empresarios; o, como los denominan en algunos casos, los empresarios del Ibex.

La economía se desacelera

La economía se desacelera. Podemos verlo, o ignorarlo –asumiendo las consecuencias que ello conlleva-. Pero, sin duda alguna, lo que no podemos hacer es negarlo, como sí hacían algunos. La tendencia que experimenta el crecimiento económico capacita la clarividencia de una tendencia subyacente bastante pesimista. Y así lo reflejan el conjunto de indicadores adelantados que muestran la lectura de la economía española; donde el 60% de los mismos se encuentran en negativo, mostrando una lectura, más pesimista que optimista, de la realidad de la economía española.

Ante los datos, Pedro Sánchez sigue en su intención de formar un gobierno en base a unas políticas económicas que, de acuerdo con organismos como el Banco de España, a priori representan un gran riesgo para nuestra economía. Tenemos una economía muy vulnerable y nuestro tejido empresarial, compuesto en su gran mayoría por pequeños empresarios con escasos recursos, así como la elevada tasa de desempleo que, tanto juvenil como general, se coloca en los últimos del ranking, por delante, únicamente, de Grecia –un país recientemente rescatado del colapso económico-, es muy vulnerable ante posibles shocks de la economía.

Atacar a este pequeño, pero a la vez grande, tejido empresarial, ya sea con subidas masivas del SMI, mayores cargas fiscales, más dificultades para la contratación u otros aspectos relacionados con la regulación estatal, no beneficia, para nada, a la creación de empleo. Pues basta, como he dicho, con mirar las previsiones que realiza la AIREF para darnos cuenta de que la estrategia adoptada por el Partido Socialista es, como poco, arriesgada. Recordemos que nuestra productividad está estancada, mientras que la actividad económica, hace unos meses, se mostraba en niveles de 2013; razón por la que no debemos tomar decisiones arbitrarias en un escenario plagado de incertidumbres y riesgos externos que podrían dañar nuestra economía.

Incentivar el empleo

En conclusión, en economía se suele incidir bastante en que los flujos se conectan, uno con otro, entre sí. Esto quiere decir que, si lo que quiere España realmente es crear empleo, lo que debe hacer el país es tan sencillo como incentivarlo. Sin embargo, la dificultad ahora recae en cómo incentivar ese empleo para mejorar. Para el Partido Socialista, la solución es inyectar estímulos convencionales, creando empleo desde el sector público, sosteniéndolo con un mayor esfuerzo fiscal –recordemos que, con un 39,4%, superamos la media de esfuerzo fiscal de los países que integran la OCDE- para los empresarios.

Sin embargo, dicho sea de paso, cabe recordar también que los recursos, como decíamos, de estos empresarios son limitados, por lo que, ante un escenario como tal, no solo desincentivaremos la creación de empresas -que ya se muestra deteriorada- sino que incentivaremos a estos pequeños empresarios a no efectuar inversiones y contrataciones que se asocien con un coste añadido, ya que, como decíamos, no se están produciendo más ingresos –dado los niveles de productividad- para sostener mayores subidas, completamente injustificadas, de los salarios y los impuestos.