Sánchez negocia ‘in extremis’ su contrarreforma laboral tras pactar Igualdad con CEOE y sindicatos

Pedro Sánchez trabaja ‘in extremis’ para cerrar un difícil pacto con patronal y sindicatos que le permita presentarse a las elecciones como cumplidor de las promesas hechas a UGT y CCOO. El próximo viernes se celebrará el último Consejo de Ministros de la legislatura y el Gobierno ya ha logrado cerrar un acuerdo con CEOE y sindicatos en materia de Igualdad, según ha podido saber OKDIARIO por fuentes presentes en las negociaciones. Se trata de las medidas que Sánchez avanzó este sábado en la Convención del Partido Socialista Europeo. De momento, este es el único punto de la contrarreforma laboral que el Ejecutivo quiere impulsar con un ‘decretazo’ de última hora que ha sido pactado con los agentes sociales. Los otros aspectos que Sánchez quiere aprobar en materia de negociación colectiva y registro de control de horarios están lejos de lograr un acuerdo. Y la reforma de las pensiones que piden los sindicatos tampoco cuenta con el apoyo de la patronal en este momento.

Pese a que CEOE y Cepyme han pedido al Gobierno en público que no traicione el diálogo social y no recurra al Real Decreto para aprobar lo que debe hacerse con un Proyecto de Ley, las prisas priman en La Moncloa, donde se quiere poner en marcha toda la munición electoral posible en el último Consejo de Ministros antes del 28-A. De hecho, la contrarreforma laboral tendría que ser respaldada por el Parlamento con la Diputación Permanente, algo insólito en España.

De momento, el Gobierno se ha asegurado un acuerdo con empresarios y sindicatos para modificar algunos puntos de la legislación laboral en materia de Igualdad. Las fechas le acompañan puesto que podrá anunciarlo apenas una semana antes de las movilizaciones feministas del 8 de Marzo. Mucho más difícil tendrá cerrar un acuerdo en los otros dos puntos que exigen los sindicatos: negociación colectiva, control de los horarios y pensiones.

El Gobierno quiere devolver poder a los sindicatos en la negociación colectiva y controlar las horas extra con un registro.

Las prisas de las organizaciones sindicales que presiden Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) para echar por tierra los cambios que la reforma laboral de Fátima Báñez aprobó en 2012 y que restaron poder a los sindicatos son claras. Ante la posibilidad de que de las urnas salga un Gobierno de derechas, los sindicatos quieren recuperar -aunque sea de manera momentánea- el poder perdido en esta materia desde los últimos años.

En el otro lado, los empresarios llevan meses temerosos de que Pedro Sánchez altere los principios básicos de la reforma con la que Báñez logró flexibilizar el rígido mercado laboral español. Ese miedo ha estado latente en los grandes ajustes de plantilla anunciados por varias multinacionales en el arranque de este año, tras certificar que el cambio de ciclo económico y una normativa laboral más rígida podrían dañar la salud de las empresas.

En materia de Igualdad se amplía el permiso de paternidad a 16 semanas y se imponen planes de Igualdad a las empresas de más de 50 trabajadores.

El Ministerio de Trabajo trabaja en recuperar en ese ‘decretazo’ la ultraactividad de los convenios (para que sigan vigentes tras su caducidad hasta su renovación) y establecer que los convenios sectoriales primen sobre los de empresa. Esto devolvería a las centrales sindicales parte del poder perdido en los últimos años y restaría agilidad a las empresas en momentos de crisis. También quiere imponer el registro de horarios en las empresas para controlar las horas extra de los trabajadores, una medida rechazada por los empresarios.

En materia de pensiones, los sindicatos quieren que Sánchez deje sin efecto la reforma de Mariano Rajoy de 2013 por la que las pensiones se revalorizarían al 0,25% hasta que la Seguridad Social no controle su déficit. Pese a que en 2018 y 2019 este principio no aplicará (puesto que ya se ha pactado que suban un 1,6% en línea con el IPC del pasado año), los sindicatos quieren dejar atado que la inflación vuelva a ser la única referencia para el poder adquisitivo de los pensionistas.

En este difícil contexto, el acuerdo que Sánchez sí ha logrado arrancar a los empresarios es el de introducir algunas reformas en la Ley de Igualdad de 2007. Las principales serían obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a elaborar planes de Igualdad, reforzar la protección de despido tras una baja maternal (de los nueve meses actuales a 12 meses) o obligar a las empresas a adaptar los horarios de quienes tengan hijos menores de 12 años. A esto se sumará la ampliación de las bajas paternales hasta 16 semanas (frente a las cinco actuales) y en esta línea se introducen elementos como la «corresponsabilidad en el cuidado del lactante».