El tándem Sánchez-Iglesias declara la guerra a las eléctricas: pagarán el bono social «íntegramente»

El documento pactado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, líderes de PSOE y Podemos respectivamente, para los Presupuestos Generales de 2019 supone un golpe a las eléctricas, casi una declaración de guerra. Según el pacto firmado este jueves por ambas partidos las compañías eléctricas tendrán que pagar «íntegramente» el coste del bono social eléctrico y de calefacción, lo que tendrá un coste de cientos de millones de euros.

Según el documento de 50 páginas, los dos partidos han acordado poner en marcha este bono social y de gas y que «sea financiado íntegramente por todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación».

Además, «la cuantía del descuento en la factura sea la necesaria para que, de acuerdo con su nivel de renta, todos los hogares puedan acceder a un consumo mínimo de energía». Se trata de medidas encaminadas a reducir la pobreza energética en el país, vieja reivindicación de la formación morada.

Las eléctricas ya han asegurado tanto en público como en privado que estaban a favor de un bono social siempre y cuando el coste del mismo no recayera sobre las compañías.

Fomentar comercializadoras públicas

Este golpe a los ingresos de las eléctricas, en el documento se critica explícitamente «los beneficios caídos del cielo» de las compañías, se une a otro más duro que podría hacer un agujero importante a sus cuentas.

Se trata de la idea de «fomentar con los ayuntamientos medidas concretas para potenciar las comercializadoras municipales», es decir, públicas. Esto hará que en el mismo mercado compitan empresas públicas con las privadas algo que genera dudas de competencia.

Además, PSOE-Podemos quiere que los ciudadanos puedan acogerse al bono social también en estas comercializadoras públicas, por lo que será pagado finalmente también por todos los ciudadanos.

Los planes de los dos partidos incluyen también reducir el peso en la factura de la luz de la potencia contratada de forma «que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética». En definitiva, una batería de medidas dura contra las compañías.